Por segundo año consecutivo, la reforma política del Distrito Federal no culminó su paso por el Senado. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido en diciembre de 2013, sí avanzó un dictamen en comisiones, pero no logró hacerlo en el pleno ya que, a punto de cerrar la última sesión del periodo ordinario de sesiones, senadores de PAN y PRI se ausentaron, con lo cual se rompió el quorum y se hizo imposible continuar con el procedimiento para su aprobación. Desde el punto de vista de diseño institucional, dos fueron principalmente los puntos que en esta ocasión detuvieron la aprobación de la reforma: las condiciones en las que habría de establecerse la transformación de delegaciones en alcaldías y la conformación de la Asamblea Constituyente. El PAN acusó de que no convertir a las delegaciones en municipios implicaba una sujeción de facto de las alcaldías al titular del Gobierno del Distrito Federal (en especial porque no podrían recibir de forma directa fondos federales). Sobre el segundo punto, Acción Nacional se opuso a la idea de la existencia de dos cuerpos legislativos, uno de notables como la Asamblea Constituyente, y otro emanado de las urnas como la Asamblea Legislativa, a fin de redactar la Constitución del Distrito Federal. El PAN dijo que esto daba al PRD la posibilidad de “mayoritear” al resto de los partidos de la capital y crear una carta magna local a modo. Ahora bien, dejando de lado por un instante los aspectos de diseño institucional, ¿cuál es el contexto político detrás del nuevo congelamiento de la reforma política del D.F.?
El proceso de reforma política del Distrito Federal no es algo nuevo. Se han presentado nueve iniciativas diferentes desde 2010 hasta 2014, lo que ha derivado en una larga discusión sobre cuál debiera ser el futuro normativo de la entidad. Sin embargo, las discusiones se han hecho –como es habitual—con base en la posición de poder que pretenden defender los partidos políticos y no desde lo realmente óptimo para la capital del país y sus habitantes. Con esto en mente, es preciso recordar que la Ciudad de México ha sido gobernada de forma casi hegemónica por un solo partido desde hace casi dos décadas (antes por el PRI, luego –a partir del cisma de 1987- por el PRI transformado en PRD); la oposición representada por Acción Nacional se ha ido diluyendo a causa tanto de la rampante estructura clientelar construida durante los años del priismo y adoptada por el perredismo en el poder, como de sus propios errores; el PRI nunca ha podido reposicionarse como segunda opción electoral; y, finalmente, el PRD ha conseguido apertrecharse en la capital y convertirlo en su bastión, tomando ventaja tanto de las clientelas ya mencionadas, como de los votos de la izquierda y de los independientes. Respecto a este último punto, y aun cuando el PRD siempre ha postulado la necesidad de concretar la reforma política del D.F., es importante destacar que la urgencia para el perredismo de sacar adelante el proceso resulta crucial ante el escenario político-electoral que se avecina en 2015: el PRD ha perdido el monopolio de la izquierda y MORENA está listo para arrebatárselo.
De vuelta a la sesión del Senado del 15 de diciembre, concluida de forma abrupta por la falta de quorum, cabe subrayar que si bien el PAN tuvo la iniciativa de abandonar el pleno, el PRI habría podido permanecer en el recinto y haber permitido el trámite de votaciones; no lo hizo. La intención de los panistas está vinculada con impedir al PRD acendrar más sus raíces de poder en el D.F., en particular porque el PAN sí piensa –a pesar de su historial de éxitos electorales decrecientes—que algún día podría no sólo trascender su bastión en la delegación Benito Juárez, sino incluso llegar a despachar desde el Palacio del Ayuntamiento. Los priistas, en cambio, estarían en otra lógica. Por supuesto que al PRI le interesaría gobernar el D.F. (aunque por momentos haya ciertas actitudes del actual gobierno local que asemejan una especie de retorno a los tiempos de la regencia capitalina). No obstante, en una visión más amplia, el PRI mantiene la promesa de desatorar la reforma política de la entidad como “moneda de cambio” que todavía no canjea con el PRD. Ya el priismo intercambió la miscelánea fiscal para 2014 (la eufemísticamente llamada reforma social y hacendaria) con las propuestas perredistas del seguro de desempleo y la pensión universal a nivel federal. Convertir al Distrito Federal en el estado número 32 tendrá un precio más elevado para el PRD. ¿Cuál será?
Finalmente, PRI, PAN y PRD tienen algo en común que los podría incentivar a llegar a un acuerdo antes de los comicios de junio de 2015. Avanzar la reforma política cuando todavía MORENA no tiene puestos de elección popular, ni una fuerte representación de facto en los legislativos local y federal, podría favorecer a los intereses de los, hasta hoy, tres mayores partidos del país. La otra opción es dejar en la congeladora para siempre la reforma y mantener el statu quo del D.F., con sus pros y contras. La realidad es, a fin de cuentas, que la que menos importancia revierte en este proceso es la ciudadanía.
Más allá de los entendidos o desentendidos entre los partidos, queda el asunto de fondo: la relación entre el gobierno de la ciudad y el federal, sobre todo cuando están gobernados por partidos distintos. La experiencia de los últimos años no es encomiable y revela las tensiones que han llevado a que otras ciudades capitales del mundo mantengan regímenes de excepción (Paris, Washington). La reforma en ciernes no acaba por resolver este entuerto.
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