Acción Nacional se ha sumado al PRD en la concreción de la posposición de los foros sobre la reforma energética en el Senado, condicionándolos a priorizar el debate sobre las distintas iniciativas de reforma político-electoral presentadas desde la oposición. No es nueva la solicitud panista de colocar la aprobación de la reforma política como “moneda de cambio” para avanzar en el tema energético. Sin embargo, ¿qué tan conveniente resulta esta estrategia en este momento?
A pesar de la crisis natural emanada de la pérdida del poder, la dirigencia nacional panista ha ido ganando terreno respecto a su disidencia interna, usando estrategias que comprenden desde la reforma estatutaria, hasta la toma del control de ambas bancadas legislativas. En este último punto, uno de los principales consensos ha derivado en la propuesta de reforma político-electoral presentada ante el pleno del Senado el pasado 24 de septiembre. En ella se plantean modificaciones a 28 artículos constitucionales, destacando innovaciones como la creación de un Instituto Nacional Electoral –centralizando las funciones en la materia y despareciendo las entidades locales electorales—, la reelección de legisladores y autoridades municipales, así como la consagración constitucional de la llamada “democracia deliberativa”. No obstante, uno de los puntos poco discutidos en la opinión pública es el relativo a los cambios en cuanto a las reglas para la repartición de los recursos asignados a los partidos políticos, descritos en el apartado A del artículo 41 de la Constitución.
A la luz de la reforma propuesta por el PAN, ese partido parece estar dispuesto a sacrificar el maltrecho federalismo del sistema electoral –el cual, ciertamente, continúa copado en su mayoría por los gobiernos estatales—, a cambio de una garantía de provisión mínima de recursos públicos por medio de fórmulas elevadas a rango constitucional. En su afán por “nivelar la cancha” presupuestaria, reconociendo la importancia del dinero en la operación política por encima del convencimiento programático o ideológico, los panistas podrían estar cometiendo dos errores. Uno, condicionar una reforma, incluso deseable para ellos como la energética y que, por tanto, de todas maneras estarían dispuestos a aprobar, a cambio de algo que estiman indispensable para poder aspirar algún día a regresar al poder: el dinero de los contribuyentes. Dos, dejar de lado otros puntos en su agenda que podrían ser más atractivos para sus clientelas, tanto las sobrevivientes de la debacle, como las potenciales (temas fiscales, consolidación de mecanismos federalizados de gobierno, fortalecimiento de las potestades del municipio, mayores contrapesos al Ejecutivo, reglas más eficientes en la reasignación de participaciones federales, independencia real de los órganos reguladores, entre otros). Así, los panistas pretenden primero afianzarse en el asunto de los recursos, y luego ver si pueden impulsar su agenda, aunque no deja de ser peculiar y contradictoria su tendencia a avalar instrumentos centralizadores, a los cuales se opusieron en los años del régimen autoritario.
En suma, el PAN tiene claros sus objetivos, aunque no necesariamente está peleando las batallas que los potencien más. El acceso a los recursos es vital. Cierto. Sin embargo, sería importante tomar en cuenta que la coyuntura política actual será irrepetible, máxime cuando otros asuntos, como el de la publicidad negativa, los perdieron en la reforma electoral pasada y sin los cuales es poco probable que pudiera regresar al poder. El gobierno de Peña sólo requiere a los panistas para avanzar sus reformas constitucionales. El resto de su agenda puede pasar con las actuales mayorías legislativas del PRI, PVEM y PANAL (cuando menos de aquí a 2015). Por tanto, será fundamental que Acción Nacional pueda montar una estrategia, más allá del asunto presupuestario, a fin de poder generar condiciones de competencia y, en especial, de reconstrucción de su identidad. Si no lo hace, el PAN podría estar destinado a permanecer dentro del caldero de desprestigio en el cual están sumidos todos los partidos políticos.
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