El 11 de junio de 2013, se publicaron las modificaciones constitucionales en materia de telecomunicaciones orientadas a fomentar la competencia en el sector para mejorar la calidad y ampliar el acceso a los servicios a mejores precios. Según los términos de estas modificaciones, 180 días después de su entrada en vigor, se debieron haber promulgado las leyes secundarias que darían verdadera vida a la reforma. Sin embargo, aún estamos a la espera de ellas.
La complejidad para regular al sector radica en los pocos actores con enorme poder que conviven en él. La ley está rebasada por los intereses de las tres empresas con participación mayoritaria en el mercado y la pugna por no ceder territorio. Un ejemplo claro de esto es la disputa ocasionada por la decisión de la empresa Dish de retransmitir los canales de televisión abierta de Tv Azteca y Televisa, con base en lo establecido en el octavo transitorio, y la resistencia de estas últimas al exigir una solicitud de licencia para esta retransmisión. ¿Quién tiene la razón? En este momento ante la ausencia de legislación secundaria para los conceptos de must carry y must offer, por ejemplo, no está claro. La resolución de este desacuerdo será la primera de muchas que probablemente terminen impugnadas en tribunales especializados mientras no se reglamente puntualmente al sector.
La discusión de las leyes secundarias en telecomunicaciones parece, además, no tener un momento óptimo en el Congreso. La lista de reglamentaciones pendientes es larga y el periodo legislativo corto. Únicamente lo relativo a las telecomunicaciones y la radiodifusión involucra la modificación de alrededor de 11 leyes y la sustitución de las leyes vigentes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión. Además falta definir el marco institucional bajo el cual se le da atribuciones claras y específicas al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que pueda cumplir con resoluciones establecidas en las reformas constitucionales. Parece una tarea complicada para un Congreso saturado por pendientes en diversos sectores recientemente reformados. Asimismo, la falta de sanciones a los legisladores por no cumplir con los plazos que ellos mismos imponen para la promulgación de legislaciones secundarias elimina cualquier tipo de presión para acelerar la velocidad legislativa y abre espacios de oportunidad para que se generen negociaciones opacas entre actores políticos y empresarios. Por otro lado, la demora de las reglas del juego provoca incertidumbre en el sector privado inhibiendo la atracción de nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras directas, que darían mayor vigor a la competencia en el sector. Esto sumado a los vacíos legales que generan los pendientes jurídicos para el establecer tipos penales, y regular el derecho de réplica, la explotación del espacio radioeléctrico y de las redes de telecomunicación, y la prestación de diversos servicios de este sector tan complejo. Pero el caso ejemplifica la complejidad inherente a la legislación secundaria y anticipa los problemas que sin duda caracterizarán a las otras que se encuentran en proceso.
Todo parece indicar que el afán negociador de las fuerzas políticas con los grandes conglomerados empresariales rige el rumbo de su legislación y de la dinámica de un sector claramente concentrado y cerrado a la entrada de nuevos competidores. Preocupa que la aclamada reforma constitucional no esté a estas alturas acompañada de una visión clara de desarrollo del sector y de una regulación eficaz y vanguardista que lo blinde al ante los inminentes y veloces cambios en las plataformas y tecnologías y ante constantes indicios de posturas anticompetitivas de los actores en dichos mercados. ¿Cuánto habremos de esperar? ¿Será que una vez más los cambios tecnológicos y los intereses particulares seguirán ganando en velocidad a nuestros legisladores? Quizá más importante: ¿hay una visión de desarrollo más allá del hecho mismo de que se apruebe una reforma?
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