El pasado 3 de octubre, el diputado federal panista Jorge Sotomayor presentó una iniciativa para crear una Ley de Manifestaciones Públicas del Distrito Federal. Los defensores de la propuesta afirman que surge a partir de la necesidad de dar una respuesta legal a los reclamos de un sector de la población afectado por las múltiples manifestaciones –la mayoría con incidentes violentos- acaecidas en la capital durante los últimos meses. Sin menospreciar la incomodad de la ciudadanía, cabe preguntarse ¿es realmente imperativa una ley específica a fin de “regular” las manifestaciones?
Desde su salida a la luz pública, la iniciativa ha sido descalificada por apelar a criterios moralistas en su intento por definir lo que, a su entender, sería una manifestación “ideal”. Entre las propuestas se encuentran algunas, francamente ridículas, como la prohibición de contrariar las “buenas costumbres” –cualquier cosa que ello signifique- y proferir insultos. Fuera de estos aspectos anecdóticos, preocupa el uso ambiguo del concepto de “disolución” de la marcha como respuesta a un acto contrario a la ley o el establecer como “premio” a las manifestaciones que se ajusten a los parámetros de la ley una vía obligatoria de interlocución política. Si la apuesta era una ley, ésta se encuentra lejos de ser la óptima.
Cabe indicar la existencia de suficiente regulación sobre las respuestas que el Estado está obligado a dar en caso de que una acción ilegal tenga lugar durante una manifestación; desde el daño a propiedad ajena, hasta la agresión en contra de policías, todo se encuentra en el código procesal penal. El problema hasta ahora no ha sido de ausencia normativa, sino de incapacidad en su aplicación. A pesar de toda la dificultad que implica, las policías ya cuentan con los instrumentos jurídicos –quizá no los técnicos- para facultarlos a garantizar la seguridad de terceros y de los propios manifestantes pacíficos. ¿Por qué no exigir la aplicación de la ley vigente, en lugar de crear otra y esperar que ésta sí se aplique? La propuesta peca de ingenuidad al pretender que las manifestaciones se ajustarán a sus lineamientos (algunos absurdos) cuando en principio lo que las marchas pretenden expresamente es incomodar.
Mientras una regulación –condenada al fracaso, ha sido la apuesta del PAN, el gobierno de Miguel Ángel Mancera tampoco ha ofrecido mejores alternativas. Por su parte se ha pronunciado por la creación de un “Fondo de Capitalidad” (a partir de recursos federales) que pueda ser utilizado con la intención compensar a los terceros afectados. Dicho fondo es un llano intento para establecer un mecanismo que permita al gobierno local “lavarse las manos”. Esto último es relevante porque las peculiaridades políticas y jurídicas del Distrito Federal, como sede de los Poderes de la Unión, han propiciado la reiterada omisión por parte de las autoridades, para las cuales no queda claro a quién compete garantizar la seguridad en la ciudad. En este tenor, un tema pendiente es la multicitada reforma política de la capital, cuya discusión permitiría reevaluar su condición e impida que los gobiernos federal y local continúen desentendiéndose de los problemas.
En este contexto, es importante anotar que existen otras propuestas, la mayoría igualmente preocupantes, para regular las marchas pero, sobre todo, orientadas a crear condiciones que pudieran llevar a la cárcel a cualquier persona que “injurie” a un policía, situación que con facilidad podría conducir a cacerías de brujas. Las marchas y plantones reflejan la debilidad de nuestro sistema de gobierno. Ese es el asunto que es imperativo atender.
Como corolario, es importante señalar cómo, aun si se presentaran cientos de iniciativas en la materia, hay eventualidades que más bien vaticinan un recrudecimiento de los conflictos emanados de las manifestaciones. El ánimo centralizador del actual gobierno federal propiciará un aumento en las peregrinaciones de inconformes a la capital de la República. De por sí rara vez encontraban respuesta a sus reclamos en sus respectivos estados, ahora la Ciudad de México terminará de consagrarse como “La Meca de las gestiones”. Mientras tanto, la autoridad sigue “construyendo castillos en el aire”.
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