Aunque ya van muchas semanas de bombardeo de anuncios proselitistas por todos los medios posibles, apenas este 5 de abril comenzaron de manera oficial las campañas rumbo a la elección federal intermedia del próximo 7 de junio, donde se renovarán la totalidad de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados. Quienes tomen posesión de sus cargos el 1 de septiembre entrante, cuando arranquen los trabajos de la LXIII Legislatura, no sólo deberán solventar los pendientes dejados por sus muy activos predecesores –en términos de las reformas aprobadas—, sino también acompañarán el intrincado proceso político de cara a los comicios presidenciales de 2018, sin mencionar sus responsabilidades en materia de aprobación de los presupuestos durante la segunda mitad de la administración del presidente Peña.
El tema de la renovación de la Cámara de Diputados no es asunto menor. Sin embargo, la naturaleza del régimen político-electoral que los partidos han ido construyendo a lo largo de las últimas dos décadas, ha ido colocando al ciudadano como un medio de acceso al poder –lo cual es en cierta forma lógico—, aunque sin importar éste como fin, es decir, el diseño del sistema no genera incentivos para rendir cuentas y dar seguimiento a los intereses de la sociedad. El país pasó de un régimen de partido hegemónico a uno que encumbra a tres y tolera a otros más pequeños pero nunca pretendió avanzar hacia la construcción de un sistema político democrático ni, ciertamente, hacia el empoderamiento de la ciudadanía. Por lo tanto, tampoco conllevó el abandono de muchas prácticas nocivas para el establecimiento genuino de un sistema democrático como, por ejemplo y sobre todo, la corrupción. Peor aún, un vicio adicional se ha incorporado a la dinámica política en México: la colusión entre sus actores. Ya es característico de cualquier color partidista protagonizar escándalos de funcionarios públicos abusando de su poder, traicionando la supuesta vocación de servicio a la cual se comprometen al tomar protesta de sus cargos, usando con total opacidad y discrecionalidad los recursos de los contribuyentes y, por si fuera poco, perpetuándose de manera casi cíclica en un carrusel de puestos, ya sea dentro de la administración pública, o en el Legislativo, o en el Poder Judicial. Sin duda, esto ha desmotivado a los potenciales votantes a participar por la vía de las urnas y ha exacerbado las manifestaciones de hastío respecto a la de por sí abrumadora propaganda electoral.
“No hay opciones”; ésta podría ser una frase que ilustra con claridad lo que se comenta con frecuencia en varios sectores de la sociedad. “Es irrelevante”; suele ser la opinión cuando se habla de la pertinencia o no de acudir a votar, en especial en unos comicios intermedios como los que se avecinan. Si acaso, en el evento de concurrencia de elecciones, es decir, que en una entidad determinada también se encuentren en contienda cargos como gubernaturas, ayuntamientos, o jefaturas delegacionales –en el caso capitalino—, los grados de abstencionismo pudieran no llegar a niveles tan preocupantes como algunos sondeos vaticinan. Pero, ¿por qué es relevante cómo se conformará la siguiente legislatura en la Cámara de Diputados?
Quienes resulten elegidos el 7 de junio como diputados, ya tendrán a su cargo la discusión del Paquete Económico 2016. Por supuesto que al partido en el gobierno le interesa conservar las mayorías suficientes, junto con sus aliados, para ser capaz de aprobar sus propuestas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos –éste último facultad exclusiva de San Lázaro. Sin embargo, también es cierto que un altísimo porcentaje del gasto público ya está comprometido inercialmente por los ejercicios fiscales precedentes. En este sentido, según cifras del Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP), en el año inmediato, sólo se podría modificar 5.9 por ciento de la distribución total de las erogaciones del Estado. En el mediano plazo, esta proporción puede incrementarse paulatinamente; no obstante, los denominados “gastos ineludibles”, es decir, aquellos establecidos por ley (como fijar un porcentaje determinado del PIB a un rubro específico) han ido subiendo hasta niveles equivalentes a tres cuartas partes del presupuesto y más. A pesar de ello, ese 5.9 por ciento modificable no parece tan irrelevante si, al considerar los casi 4.7 billones de pesos de presupuesto para 2015, dicho porcentaje equivaldría a poco más de 277 mil millones de pesos. Asimismo, volviendo al tema de la colusión, tampoco es que los actores políticos estén muy interesados en reducir el tamaño de las “rebanadas del pastel” presupuestario.
Por último, en términos políticos, la Cámara de Diputados que funja entre septiembre de 2015 y agosto de 2018, irá convirtiéndose poco a poco en una importante pasarela política para futuros candidatos al Senado, a presidencias municipales, de líderes partidistas (de entrada los actuales del PRI y el PAN estarán allí por la vía plurinominal) y, en una de esas, hasta de aspirantes presidenciales. El ajedrez político de cara a la sucesión presidencial estará en plena marcha.
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