De manera paralela a la entrega de su VI Informe de Gobierno al Congreso de la Unión, el presidente Felipe Calderón ejerció por primera vez una de las principales atribuciones que le dio la reforma política consagrada apenas en agosto de 2012: la iniciativa preferente. Esta nueva facultad del jefe del Ejecutivo federal le permite presentar el primer día del periodo ordinario de sesiones del Legislativo –tal como lo hizo Calderón el 1 de septiembre—dos iniciativas de ley o reforma a leyes vigentes, siempre y cuando no impliquen modificaciones constitucionales, para trámite preferente. También, podrá señalar con tal carácter hasta dos iniciativas que hubiesen presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. La cámara donde llegare la iniciativa tendrá sólo 30 días naturales a partir de la fecha de recepción de la misma para discutir, dictaminar y votar la pieza legislativa. Después de eso, se enviará a la cámara revisora, la cual también deberá cumplir con los mismos plazos que su antecesora. Independientemente de revisar en siguientes emisiones de la Semana Política los pormenores de las iniciativas propuestas en esta oportunidad –una a la Ley Federal del Trabajo mandada al Senado y la otra a la Ley General de Contabilidad Gubernamental recibida en San Lázaro—, vale la pena analizar cuáles son las implicaciones y potencialidades de esta nueva figura en las relaciones Ejecutivo-Legislativo en México.
En años recientes, se ha construido la percepción de que el Congreso ha padecido un mal conocido como “parálisis legislativa” que la ciudadanía desprecia y desearía ver eliminado. La veracidad de este lugar común puede debatirse, como se ha hecho; muchas soluciones pueden sugerirse, como se ha hecho; y muchas culpas pueden atribuirse, como se ha hecho. Todo ello debatible en razón de la calidad y profundidad de los análisis que invitan a esas reflexiones críticas. Sin embargo, algo que no está sujeto a discusión es que esta parte de la reforma política busca, tal como se indica en su exposición de motivos, “asumir responsablemente el reclamo por asegurar que la política deje de ser sinónimo de conflicto y de parálisis” y “consolidar a la política como instrumento de cambio al servicio de la sociedad” así como “establecer una corresponsabilidad en la concreción de acuerdos, a la vez que la unidad en el servicio público”.
Políticamente, la iniciativa preferente pone a la Presidencia en un lugar interesante de la discusión legislativa. En el México de los congresos divididos –incluso con la mayoría absoluta que tendría el PRI en la Cámara de Diputados si consolida sus alianzas—, esta facultad logra realzar la importancia del “gallo en el ruedo”; no obstante, el statu quo no era tan diferente. Por otra parte, al contrario de lo que algunos medios pregonan, no es obvio que la iniciativa fortalezca la gobernabilidad (el tiempo lo dirá); por ahora sólo hace un poco más expedita la labor legislativa en algunas y limitadas materias. Lo que sí hace es conferirle al Ejecutivo de un instrumento para obligar al congreso a actuar, tal y como lo ha hecho el presidente Calderón con sus dos iniciativas. Sin embargo, el Congreso eliminó del texto original de reforma política la afirmativa ficta, es decir, la cláusula que prescribía la aprobación inmediata de la iniciativa en caso de que no se llegaran a acuerdos en las cámaras en los plazos perentorios fijados. Con esta negativa a incluirla, la reforma fracasa en establecer penalizaciones a la falta de un fallo. Y, si el olvido no tiene castigo, ¿qué tendrá un presidente más que el reproche para incitar al Legislativo a actuar? Naturalmente, aún se podría reglamentar ese párrafo del artículo 71 de la Constitución para generar efectos vinculantes. Pero sin un panorama claro, aún hay mucho que dudar de esta nueva facultad.
Recientemente, Luis Rubio escribió sobre la necesidad de liderazgos en el Ejecutivo federal. Esto invita a la reflexión: ¿la iniciativa preferente promueve el liderazgo del presidente en materia legislativa? La respuesta puede que sea “no”. Los liderazgos no yacen en las facultades de una institución, si bien pueden facilitar su desenvolvimiento. Sin embargo, lo que esta nueva facultad sí otorga al Ejecutivo es una nueva presencia como primus inter pares en el piso del Congreso. Aún habrá que ver cómo los usos y costumbres de las cámaras legislativas transforman esta facultad en el corto y mediano plazos. Como siempre, habrá que esperar.
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