Cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el paquete económico 2013 para la entidad a finales de diciembre, de inmediato se levantaron las voces en contra de las alzas proyectadas en el pago de contribuciones, multas y derechos. Sin duda, aquellas medidas que mayor molestia causaron a los capitalinos se refieren al predial y la tenencia. De hecho, mientras que para el primero habrá algunas oportunidades para recibir descuentos (de ahí las kilométricas filas que se han observado estos primeros días de enero en las oficinas de la Tesorería local), el segundo sufrirá una reducción importante en la cobertura de sus subsidios al bajar el rango de precio de las unidades que no serán susceptibles a recibirlo (hasta 250 mil pesos a valor comercial, no a valor factura). De la misma manera, una diversa batería de trámites y servicios subirán sus costos, destacando la emisión de licencias de manejo, algunas multas para automovilistas, y los servicios de agua. Si bien el gobierno de la ciudad ha encarado las críticas diciendo que los incrementos responden principalmente a ajustes por la inflación, la realidad le impone al D.F. la necesidad de agenciarse más recursos a fin de poder solventar su subsistencia.
Sin duda, el D.F. requiere recaudar más y mejor. En los últimos años, la capital ha sido perjudicada por varias políticas fiscales a nivel federal, así como decisiones de corte populista a nivel local, como fue la eliminación de la tenencia vehicular, y las reformas hacendarias de 2008. Estas últimas llevaron a la ciudad a recibir menos recursos de la Federación, debido al cambio en el criterio de las fórmulas de asignación presupuestaria, el cual toma en cuenta la cifra de población residente en cada entidad y no las personas económicamente activas en las mismas. Al abrirse nuevas ofertas de vivienda en los estados circunvecinos al D.F., un menor porcentaje de la población que trabaja en la capital –y utiliza sus servicios públicos—vive en ella. Así, la ciudad proporciona infraestructura, transporte, agua y demás satisfactores a una creciente población flotante (alrededor de 5 millones de personas) que no es considerada en la mencionada ecuación para las participaciones federales. Tan sólo entre 2008 y 2012, la capital tuvo una merma de 10 mil millones de pesos por ese concepto. En cuanto a la tenencia, el D.F. ha dejado de recibir 6 mil millones de pesos anuales.
Ciertamente, el presupuesto del D.F. sólo aumentó 4% respecto a 2012 (de 138 mil millones de pesos a 144 mil millones), pero sus necesidades se incrementan a un mayor ritmo año con año. Aumentar impuestos nunca va a ser una medida popular. Sin embargo, sorprende y preocupa que, habiendo ganado Mancera con el margen de votos con el que llegó a la Jefatura de Gobierno, no haya tomado la decisión de salir a comunicar, de forma clara y sin rodeos, las razones por las cuales la ciudad requiere un régimen fiscal apto para recaudar recursos suficientes a fin de ofrecer los servicios de calidad propios de una urbe moderna como la capital de la República. Hasta ahora lo que hemos visto han sido semanas de confusión y falta de liderazgo en el tema. Por último, cabe destacar que el asunto de los impuestos no ha sido el único ejemplo de estas carencias en los primeros días de la nueva administración capitalina. Despropósitos –ahora huérfanos de autores—como la fallida iniciativa de gravar el alumbrado público, hasta historias de locura como la consignación de presuntos canes asesinos han marcado el arranque de la gestión mancerista. ¿Será meramente un periodo de ajuste?
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