A unos cuantos días de que finalizara la discusión del paquete de leyes secundarias de la reforma energética, MORENA, en sus primeros días como partido político con registro, dio a conocer la pregunta con la que pretende revocar los cambios aprobados vía la herramienta de la consulta popular –lo cual hará, por cierto, de forma separada a una intentona similar que busca el PRD. Dados los antecedentes de utilización de movilizaciones masivas para ejercer presión contra el gobierno, sorprende que López Obrador no sólo haya asumido una actitud pasiva a lo largo del proceso legislativo de la reforma energética, sino que ahora se supone acudirá a instancias institucionales para, según su partido, tirar la apertura. “La calle” no fue una opción, ni siquiera para los sectores más radicales de la izquierda. Con esto en mente, los opositores a la reforma han encontrado en el camino institucional una forma de quitarse de encima la responsabilidad de no haber sido capaces de detenerla. Entonces, agotada la instancia legislativa, donde las izquierdas son minoritarias, las culpas por “la venta de la riqueza energética nacional” se trasladarían a otro protagonista de los Poderes de la Unión: la Suprema Corte de Justicia.
De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, la Corte es la encargada de aprobar –de forma previa- la viabilidad de cualquier consulta, la cual sólo está impedida si se refiere a derechos humanos o ingresos del Estado, entre otras restricciones. El presidente de MORENA, Martí Batres, ha anunciado que su agrupación no planea presentar la consulta de forma conjunta con el PRD debido a que la “pregunta es distinta y sus objetivos son diferentes (…)”. Dado lo anterior, y ante la factibilidad de MORENA para conseguir el millón seiscientas mil firmas necesarias, es altamente probable que la Corte tenga que resolver la viabilidad de dos solicitudes de consulta. Esta situación se debe más a los conflictos internos en la izquierda que a cualquier tipo de estrategia; presentar dos solicitudes para impugnar un mismo hecho es bastante cuestionable ya que es altamente posible que la solicitud que se presente de forma posterior sea rechazada por quedar sin materia.
La aprobación de la reforma energética implicó una derrota para la agenda de la izquierda y, en este sentido, llevar el asunto a una consulta popular puede ser no sólo su último recurso, sino también una manera de transferir –al menos para sus bases- los “costos” de la derrota a un tercero, en este caso la Corte. Importante señalar que las preguntas planteadas tanto por el PRD como por MORENA evidencian flaquezas que podrían derivar en un fallo en contra. Por una parte, MORENA insiste en referirse a la figura jurídica de las “concesiones”, cuando en estricto sentido la reforma no las contempla. Por otra parte, la consulta planteada por el PRD es bastante ambigua ya que llanamente inquiere la aprobación o desaprobación respecto a las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, sin entrar a mayor detalle. ¿Ingenuidad? Difícil. Así las cosas, no debería sorprender que ambas consultas sean rechazadas por simples tecnicismos legales, situación que -tras lo expuesto- sería completamente endosable a los partidos que las presentaron, no a la instancia judicial.
Desde la reforma constitucional que en 1994 transformó la estructura de la Corte, ésta se ha consolidado poco a poco como un verdadero contrapeso para el resto de los poderes; no en pocos casos sus decisiones han sido contrarias a los intereses del Ejecutivo y el Congreso. Decidir sobre la viabilidad de la consulta popular en materia energética representará uno de los mayores desafíos por los temas en juego. La Corte no sólo decidirá el futuro de la reforma energética, sino también los alcances de la participación ciudadana directa. Al tratarse de un tema muy politizado, cualquier decisión dejará insatisfecho a determinados grupos de intereses. En este sentido, cuando llegue la hora de la Corte, sólo la fortaleza de sus argumentos será capaz de hacer frente a las descalificaciones.
El devenir de MORENA, y de la izquierda en general, dependerá de la forma en que cada partido se conduzca en los próximos meses. Sin embargo, una encuesta reciente sobre el potencial impacto electoral de MORENA en el DF lo dice todo: MORENA no puede ganar, por sí solo, una elección; sin embargo, si tiene el poder suficiente para impedir que otros ganen. No es imposible que, al final del día, el verdadero impacto de MORENA sea hacer posible que el PRI y el PAN recuperen competitividad parcial en el DF. Por otro lado, mucho del éxito que pueda tener MORENA y, por lo tanto, su líder, dependerá del desempeño general de la economía. El Pacto por México creó una situación peculiar: si las cosas salen bien, el PRI gana todo, pero si salen mal, los tres partidos que participaron en el Pacto pierden. El único partido, y líder político, que se manifestó en contra del Pacto y de las reformas que de ahí surgieron, fue MORENA con López Obrador a la cabeza. No es trivial lo que emerja de las consultas del año próximo.
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