La visita del presidente Sarkozy al país desató una gran polémica ante la petición expresa del mandatario –bajo amparo de la Convención de Estrasburgo¬– del traslado a Francia de la ciudadana francesa, Florence Cassez, sentenciada a 60 años de cárcel por el delito de secuestro. La polémica reflejó tanto los sentimientos que caracterizan a nuestra política interna como la ignorancia sobre los tratados de los que el país es signatario. En un país tan golpeado por delitos como el secuestro, la petición de que una persona acusada, sentenciada y condenada fuera trasladada a otro país para purgar condena, de inmediato causó escozor entre la opinión pública. Por su parte, los políticos mexicanos se rasgaron las vestiduras –más motivados por su ignorancia que por su sensibilidad ante el fenómeno del secuestro. Finalmente, la visita del presidente francés fue una buena oportunidad para observar lo primitivo que sigue siendo el mundo político mexicano. Tal vez ninguna cosa pruebe esta afirmación más que el rechazo a la idea misma que un presidente defienda y proteja a sus connacionales. Eso es algo que el gobierno mexicano presume respecto a los mexicanos en Estados Unidos. No hay diferencia alguna entre un caso y el otro.
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