El pasado 30 de enero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer, mediante el Informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, el aumento de 11.2% en el gasto programable presupuestario referido a subsidios entre enero y diciembre de 2013, comparado con el mismo periodo del año anterior. El alza en los recursos designados a este rubro es una tendencia que evidencia no sólo los renovados bríos asistencialistas de la política social de la administración del presidente Enrique Peña, sino indicios de formas de proteccionismo poco sostenibles y contradictorias con el discurso oficial de fomento a la productividad. Sin embargo, vale la pena analizar qué implicaciones tiene una utilización irresponsable de la figura de los subsidios, la cual, aunque popular (y no en pocas ocasiones, populista), conlleva efectos no tan benéficos para el desarrollo económico.
Como instrumento económico, el subsidio busca corregir las externalidades negativas del mercado y reasignar los recursos de una forma más eficiente (al menos en términos políticos o sociales). En ese sentido, la intervención del gobierno tiene su justificación en dos principios: subsanar las ineficiencias del mercado y lograr una mayor equidad mediante la redistribución de los bienes. No obstante, como artefacto político, el subsidio puede convertirse en un mecanismo ineficiente y poco transparente al responder a intereses que van más allá de socorrer las necesidades económicas de la sociedad. Así, por un lado, los subsidios pueden contribuir a reducir las desigualdades mientras que, por otro, la discrecionalidad con la que se determinan los montos de las subvenciones favorece la aparición de incentivos políticos desalineados.
En la actualidad, la gran mayoría de los subsidios en México son de carácter regresivo. Los subsidios generalizados al consumo de energéticos –como es el caso de las gasolinas— son ejemplos típicos de esquemas de precios diferenciados que favorecen mayoritariamente a las personas con mayores ingresos. Sin embargo, no sólo los subsidios generalizados al consumo son ineficientes. Por “cruel” que pudiera escucharse, los programas de apoyos para adultos mayores y el financiamiento público de becas son también muestra de subvenciones directas cuyos efectos redistributivos son limitados. Esto se debe principalmente a que, sin importar el sector al que se auxilie, todo subsidio genera un costo de oportunidad. Es decir, en la mayoría de los casos, los mismos recursos podrían dirigirse de manera más focalizada a enmendar los problemas estructurales de la economía, mediante inversiones directas en crecimiento que no inhiban la competencia entre ciertos sectores del mercado. Sin duda, resultaría más adecuado invertir de manera eficiente (y no necesariamente más) en sectores como salud y educación, en vez de proporcionar apoyos cuyo monto en muchas ocasiones ni siquiera sirve para cubrir las necesidades básicas de una persona, o becas con el propósito de mantenerse en un sistema educativo deficiente y con precarias prospectivas de bienestar futuro para los estudiantes.
Ahora bien, el uso continuo de esta política pública se explica en gran medida por la falta de transparencia con la que se asignan y se gastan los recursos. No obstante, esto ocasiona que el calculo de las tarifas subsidiadas así como la medición de las consecuencias y la eficacia de los programas resulte extremadamente complejo. Por otra parte, dado que el subsidio suele ser visto por la sociedad como un instrumento de protección, los costos políticos de su eventual eliminación tienden a elevarse con el paso del tiempo, lo que favorece la subsistencia de este tipo de prácticas.
La persistencia de la desigualdad y de las altas tasas de pobreza durante las últimas dos décadas demuestra que las políticas de subsidios han sido poco exitosas en proveer los incentivos adecuados para un mayor y más incluyente crecimiento económico. Peor aún, en ausencia de una estrategia reformadora real, lo cual no está implícito en la aprobación de reformas a granel, las expectativas de crecimiento a futuro continuarán restringidas. Desde luego, una explicación alternativa es que los subsidios contribuyen a movilizar clientelas clave para fines electorales.
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