El arranque de las precampañas electorales estuvo marcado por la interrupción de programas de entretenimiento para la transmisión de propaganda del IFE y los partidos políticos. Esto ha sido visto no sólo como una clara muestra del descontento de las televisoras generado por la transmisión de mensajes político-electorales en tiempos del Estado, sino también como un desafío de éstas a la nueva legislación electoral. Sin duda, la reforma atenta contra los intereses de los consorcios televisivos y radiofónicos que deben otorgar ahora espacios gratuitos a los partidos políticos para su propaganda. Pero, este conflicto también pone el reflector sobre una legislación que falla en comprender la lógica del mercado del entretenimiento y que pudo buscar salidas alternativas como la regulación sobre la tarifa que cobran televisoras y radiodifusoras por la publicidad y, no necesariamente sobre los espacios comerciales. La legislación electoral será puesta a prueba en muchos tramos más de esta elección y tanto partidos políticos como medios de comunicación buscarán la manera de darle la vuelta a las disposiciones que no favorezcan sus intereses. Si la provocación proviene de los medios el asunto se torna complicado, pero si los propios partidos que aprobaron la reforma intentan desafiarla, es síntoma de un problema de mayor magnitud para la democracia electoral.
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