México quedó conmovido por la terrible explosión ocurrida el jueves 31 de enero de 2013, en los sótanos de uno de los edificios del corporativo central de PEMEX en el Distrito Federal. Alrededor de 40 muertos y más de un centenar de heridos, es un saldo que hace del incidente el más mortífero en la última década entre varios accidentes registrados en ese periodo de tiempo en instalaciones dependientes de la paraestatal. Sin embargo, no es posible olvidar hechos como la conflagración en una planta de gas en Tamaulipas en septiembre de 2012 (30 muertos), el infierno vivido por cientos de habitantes de San Martín Texmelucan, Puebla, por la explosión de ductos sucedida en noviembre de 2011 (30 fallecidos y 329 millones de pesos en pérdidas) o, más atrás en el tiempo, los estallidos de gasoductos en las calles del Sector Reforma de Guadalajara en abril de 1992 (210 muertos) y el accidente en la planta de San Juan Ixhuatepec, Estado de México, en noviembre de 1984 (507 occisos (tal vez más)).
Tras las indagatorias iniciales, la Procuraduría General de la República (PGR) ha adelantado que la reciente explosión en la Torre B2 se debió a una acumulación de gases, aunque aún no se tienen datos de cuál fue el tipo de elemento o mezcla que suscitó la detonación, ni mucho menos qué la desencadenó. Como es natural, esta clase de lamentables eventos da pie a especulaciones, cuyos efectos pueden ser tan desafortunados como una broma inoportuna en un momento donde proyectar una imagen de seriedad, control y certidumbre es esencial. Por otra parte, ni el aval de centros especializados de la UNAM, ni la presencia de peritos auxiliares extranjeros, serán capaces de amainar el vendaval especulativo. No obstante, como la primera crisis (en apariencia contingente) del sexenio del presidente Peña, hay aspectos importantes a destacar en cuanto al accionar de las autoridades.
Ante los acontecimientos, Peña vaciló entre la fórmula de dar una imagen de liderazgo con su presencia pronta en el lugar del siniestro – que, sin embargo, al llegar acompañado de un enorme contingente de agentes de seguridad que alienaron a las familias de las víctimas tuvo el efecto de generar abucheos y graves reclamos de los allegados a las víctimas—, y la estrategia (concediendo que así se haya pensado) de mostrar presunta tranquilidad, control y capacidad de delegar, al retirarse unas horas a vacacionar en playas nayaritas. Así, surgen preguntas como: ¿en verdad el área de la explosión era suficientemente segura para arriesgar al mandatario con su presencia?; ¿puede una autoridad tan relevante como el presidente darse licencias como la de Punta Mita en instantes cruciales como el de la Torre B2? En cuanto a la delegación de responsabilidades, la conferencia de prensa del pasado 4 de febrero, encabezada por el director de PEMEX, Emilio Lozoya, y el procurador Murillo Karam, dejó clara la inexperiencia del primero (quien en cada oportunidad que le era posible cedía la palabra a Murillo), y los resabios de soberbia del segundo. En su intento por aplastar las especulaciones (no descartar elementos para las mismas, que no es igual), el funcionario incurrió en apuntes tanto inapropiados como anacrónicos, ya que tal vez habrían sido “aplaudidos” en tiempos donde el complejo arte de gobernar no estaba sometido al escrutinio de nuestros días.
Al tratar de encontrar un común denominador en las reacciones inmediatas de las autoridades federales, se podría decir que el regreso del PRI a Los Pinos ha encarado una súbita prueba de realidad. México ya no es el mismo país donde la crítica era fácilmente ocultada, acallada o reprimida; donde la autoridad podía transgredir los límites de la imprudencia y quedar impune; donde los muertos sólo eran estadísticas; donde la imagen cubría la ineficiencia. México es otro, y así lo deberá entender el nuevo gobierno.
¿Qué lecciones se pueden derivar del acontecer político en las últimas semanas? Luego de poco más de un mes de impactante éxito, el gobierno súbitamente se comenzó a encontrar con un nuevo panorama. El primer signo de cambio ocurrió, irónicamente, con una acción emprendida por parte del propio gobierno, seguramente diseñada para lograr el objetivo exactamente opuesto al que resultó. Con la publicación de su declaración patrimonial, el presidente y varios de sus principales colaboradores abrieron una caja de Pandora: no teniendo obligación de hacer pública su declaración, el hacerlo seguramente estuvo concebido como un medio para presentar una cara de modernidad y transparencia. Sin embargo, el efecto fue exactamente el contrario. La explosión en Pemex no hizo sino atizar la percepción de distancia entre el gobierno y la sociedad. Cabe, pues, la pregunta de si concluyó la “luna de miel” del nuevo gobierno. Y, si así fuera, la interrogante sería si éste reconocerá el hecho y actuará en consecuencia. La alternativa, como Fox mostró en el momento de Atenco, es un declive sin fin.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
