El pasado 9 de marzo el relator especial Juan E. Méndez de la ONU presentó ante el Consejo de Derechos Humanos los resultados finales del informe realizado durante el año 2014 respecto de la situación de la tortura en México. Dicho reporte pone sobre la mesa dos grandes conclusiones: 1) la tortura es una práctica generalizada en el país y 2) generalmente cuando se comete este delito queda impune. El panorama que presenta el reporte es desolador; la tortura –el peor de los vicios del sistema de justicia- se resiste a desaparecer a pesar de las reformas. ¿Cuáles son las implicaciones de este diagnóstico para el país?
Es lamentable que a pesar de lo grave que son las afirmaciones del relator especial, muy pocos en México pueden decirse genuinamente sorprendidos. Lo único que diferencia a esta aseveración de otras decenas de afirmaciones similares es la fuente: un reconocido organismo internacional. Esto último debiera preocupar al gobierno mexicano, sobre todo si consideramos el enorme esfuerzo que han realizado para promocionar la imagen de México en el mundo. En este contexto, en lugar de asumir la responsabilidad y actuar en consecuencia, la respuesta oficial del Estado mexicano se limitó a desestimar –si no es que a descalificar- el informe. El canciller Meade, como vocero del gobierno, optó por impugnar las conclusiones del reporte arguyendo una falta de sustento.
Más allá de lo que el gobierno mexicano pueda argumentar, lo cierto es que 4 sentencias por tortura en un periodo de casi una década frente a miles de denuncias por esta práctica hablan claramente de una impunidad rampante. Se puede presumir todo un entramado normativo y compromisos internacionales con la intención de erradicar la tortura pero los resultados de la realidad pintan un panorama diametralmente distinto. En este sentido, el informe de la ONU solo viene a reafirmar los síntomas de una enfermedad conocida por todos: un sistema de justicia cuya operación ineficiente no brinda garantías para nadie.
Al menos desde 2008, las instituciones del sistema de justicia, tanto federales como locales, se encuentran inmersas en un proceso de reforma con la promesa de transitar hacia un modelo mucho más transparente y garantista. Seis años después de la aprobación de esta reforma, y después de una enorme cantidad de recursos invertidos para modificar la antigua lógica, informes como el que ahora presenta el relator ponen en entredicho la eficacia de estas acciones. La tortura en México es un mal endémico que parece resistir cualquier tipo de reforma por el simple hecho de que resulta útil para los operadores del sistema: les permite disfrazar sus enormes deficiencias en materia de investigación. Sin capacidades para llevar a cabo investigaciones científicas y de calidad, la tortura se presenta como el único medio apto para “encontrar” culpables por medio de la extracción de confesiones e información.
Surge entonces la pregunta: ¿cómo corregir un vicio que parece aceptado por todos como un mal necesario? El bajo número de sentencias en la materia nos habla de una total ausencia de voluntad para investigar y castigar la tortura. Es peligroso que el sistema de justicia opere bajo la perversa lógica del “fin que justifica los medios” como lo demuestra el hecho de que tanto fiscales como jueces sean omisos respecto de la persecución de esta deleznable práctica. En cualquier caso, es patente que ni con tortura funciona. Lo más grave es que no parece existir voluntad tampoco para cambiar esta lógica. Como se mencionó, la respuesta oficial del gobierno mexicano se empeña en negar la realidad, una fórmula equivocada a la que parecen apostarle todo.
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