En días pasados los cuatro comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Gerardo Laveaga (presidente), María Elena Pérez-Jaén, Sigrid Arzt y Ángel Trinidad, solicitaron al Senado se les tome en cuenta en el proceso de selección de los nuevos integrantes. De acuerdo a la reforma en materia de transparencia que entró en vigor el pasado 8 de febrero los actuales comisionados, de ser ratificados, permanecerán en sus funciones hasta terminar sus periodos previamente designados. Además, los tres comisionados faltantes (dos que creó la reforma en transparencia y uno que quedó vacío tras la salida de Jacqueline Peschard), deberán ser designados por dos terceras partes del Senado. Más allá de quienes serán los individuos que ocupen el cargo de comisionados, la reforma al artículo 6º de la Constitución aún tiene detalles que resolver, especialmente en temas de reglamentación y autonomía, los cuales determinarán si la reforma quedará en buenas intenciones o si verdaderamente se avanzará hacia un mayor de acceso de información en México. Este tema es también cierto para el conjunto de entidades que gozarán de “autonomía constitucional”, concepto nuevo que todavía está por aterrizarse en las leyes secundarias.
La persistencia de los comisionados actuales (la cual será definida por el Pleno del Senado este 27 de febrero, con amplias probabilidades de no transitar) otorgaría al IFAI continuidad en sus funciones y estabilidad institucional que ayudaría a implementar la reforma de forma menos accidentada. Además, como se evidenció durante la comparecencia de los comisionados en el Senado, otorgaría la oportunidad de aprovechar su experiencia en asuntos de transparencia federal con el objetivo de facilitar la curva de aprendizaje para los tres nuevos miembros. Dicha experiencia es fundamental, especialmente al considerar los temas tan técnicos y de consecuencias tan importantes como los que se resuelven en el IFAI, más aun considerando las nuevas atribuciones y los nuevos actores que serán sujetos a la regulación de transparencia como los partidos políticos, sindicatos y organismos que reciban financiamiento público. No obstante, queda ahí la tentación de tomar la decisión de la integración del pleno del Instituto privilegiando criterios políticos sobre los técnicos. Sin duda, ante la eventualidad de renovar los siete lugares del órgano, los partidos políticos comenzarán con el tradicional “juego de las cuotas”.
Independientemente de quien integre al IFAI, los siguientes dos años serán cruciales para determinar el alcance de la reforma pues en ese periodo se contempla que se redacte su reglamentación, incluyendo una nueva Ley General de Transparencia, la cual establecerá la armonización de los marcos legales en el país, y se harán las adecuaciones a los marcos jurídicos de las 32 entidades legales para que estén en sintonía con el nuevo andamiaje de transparencia. Asimismo, se contempla la redacción de Ley General de Archivos que será indispensable para que las instancias sistematicen, organicen y entreguen la información de forma que sea accesible y manejable por la sociedad. Pues garantizar el acceso a la información va más allá de liberar datos o cifras, sino que dicha información debe de ser presentada de manera funcional para que pueda ser procesada y sea provechosa para todos, ahora incluyendo a los partidos políticos y a los sindicatos, además de todos los beneficiarios de fondos públicos.
Por último, se debe fomentar que la nueva autonomía del IFAI (así como la del resto de los organismos autónomos ya sea el IFT, CFCE, INE o el INEGI) no resulte en una simulación sujeta a la voluntad e interés de los partidos políticos. El mecanismo de designación de los comisionados sigue la esencia del reparto a través de las cuotas a favor de los partidos políticos limitando el carácter independiente del organismo. Una manera de asegurarse que el IFAI tenga una verdadera autonomía será fomentando la creación de un servicio profesional de carrera al interior del órgano que cree individuos especializados y calificados que sirvan para renovar a los comisionados del Instituto. Sin embargo, este cambio necesitaría de una modificación a la ley para designar a los comisionados y una verdadera voluntad política por crear burocracias especializadas y capaces que no necesiten de la aprobación del poder legislativo (y la aprobación partidista). En este sentido, los retos para el IFAI y para la transparencia en México son varios pues si bien la reforma constitucional fue un avance hacia un mayor acceso a la información, el alcance y la materialización de la misma dependerán de lo que se defina en su reglamentación y operaciones del día a día.
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