Los errores cometidos durante la implementación de un operativo por parte de elementos de seguridad pública del Distrito Federal en una discoteca de la delegación Gustavo A. Madero ocasionaron 12 muertes de menores de edad y policías. En este desafortunado incidente resaltan temas fundamentales:
• El argumento técnico apunta que poseemos una policía poco profesionalizada, que cada vez se ve envuelta en más labores para las cuales no cuenta con las habilidades y capacitación necesaria. Esta es quizá nuestra mayor lacra como sociedad: no hemos podido construir una policía profesional, a ningún nivel, capaz de velar por la seguridad e integridad de la población y del país.
• El administrativo, evidencia las fallas sistemáticas en la aplicación de la ley y la corrupción que permea distintas instancias del gobierno capitalino que permiten funcionar negocios en inmuebles sin las mínimas condiciones de seguridad para sus usuarios.
• En el control de daños, la destitución de alrededor de 22 funcionarios medios (entre ellos policías y empleados de la delegación) ha sido acompañada de averiguaciones por parte de la Procuraduría del DF y la Comisión de Derechos Humanos capitalina así como con la creación de una Comisión de investigación dentro de la Asamblea Legislativa local. También se ha puesto en marcha un mecanismo para indemnizar a los afectados por el operativo.
• El pragmático: El Jefe de gobierno aceptó la renuncia del delegado de la Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, pero no removerá al secretario de Seguridad Pública Joel Ortega. En un entorno enrarecido por la inseguridad pública y con pocos elementos profesionales es complicado tener sustitutos incluso remotamente a la altura de los problemas que enfrenta la ciudad. Con esta lógica, Ebrard se enfrenta desde la izquierda a la disyuntiva de remover o no a un funcionario a su cargo por acción u omisión. En el fondo, todas estas acciones revelan no un interés por mejorar a las policías, resolver el caso particular o responder con transparencia a la población, sino una interminable serie de cálculos políticos. Todo es política: las víctimas, la ciudadanía o el desarrollo son siempre secundarios si no es que irrelevantes.
• El político: El Jefe de gobierno está consciente de las posibles implicaciones que un incidente de esta magnitud puede tener sobre su futuro político. Esto obliga a la administración capitalina a repensar su estrategia de poner en marcha operativos que buscan controlar la venta de alcohol a menores de edad. No menos relevante es el actuar del Presidente, quien ha optado por tratar de ignorar el tema, suponiendo que los problemas de otros no son suyos.
• El social: una vez más un suceso desafortunado nos alerta sobre la realidad del mal uso y abuso de la fuerza pública al interactuar con la sociedad en México.
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