Como gobernador del Estado de México, Enrique Peña hacía llamados para revisar la estrategia de seguridad de la administración Calderón. Como candidato presidencial, el mexiquense afirmó que, de llegar a Los Pinos, no le haría cambios sustantivos a la misma. Hace unos cuantos días, el hoy presidente electo declaró su intención de hacerle ajustes. Entonces, ¿cuál será en verdad el plan o la estrategia del próximo gobierno en seguridad y combate a la delincuencia?; ¿cómo recibirá Peña la infraestructura federal en la materia?
Desde que le fue entregada la constancia de mayoría como ganador de los comicios de julio, Peña ha centrado su atención en público en asuntos más bien alejados del tema de seguridad: sus tres primeras propuestas legislativas (de las cuales sólo ha presentado la relativa a transparencia); su pasarela internacional donde, por momentos, el éxito popular de su esposa opacaba la poca sustancia de sus reuniones; su encuentro con gobernadores y líderes de Acción Nacional; por destacar algunos. Sin duda, el periodo de transición en México es largo y el equipo del presidente electo tendrá tiempo para tratar a profundidad el rubro de la seguridad, sobre todo conforme se vayan dando los contactos con quienes manejan la compleja estructura operativa que el presidente Calderón ha construido a lo largo de su sexenio. Dejando de lado un poco el hecho de que las cuentas de asesinatos derivados de la acción de la delincuencia organizada son tan alarmantes, que hasta los distintos niveles de gobierno parecen haber optado por dejarlas a merced de la especulación, debe reconocerse el legado calderonista en lo referente a infraestructura de seguridad. Paradójicamente, Peña recibirá un país mucho mejor del que encontró el panista en diciembre de 2006. De hecho, el mandatario electo ha reconocido que piensa aprovechar las fortalezas heredadas de la actual gestión.
Una de las críticas fundamentales a la estrategia de lucha contra el crimen organizado de Calderón ha sido haberla emprendido sin contar con las bases estructurales suficientes. Ante los retrasos en la profesionalización de los cuerpos policiacos en el país, las trabas de un sistema jurídico y penal desgastado desde sus niveles básicos, las carencias en cuanto a la rendición de cuentas de las autoridades municipales y estatales, el libertinaje respecto al uso y subejercicio de los fondos federales para seguridad pública, entre una gama de factores, el presidente no tenía un camino fácil a fin de solucionar un problema de tan imperiosa atención. Independientemente de debatir si se hubiera podido hacer de otro modo o no, lo cierto es que el sexenio calderonista legará al peñista un estado de cosas muy distinto. La Policía Federal (PF) casi sextuplicó el número de sus efectivos, se ha avanzado –con paso lento, pero peor es nada—en la construcción de nuevos penales federales, en la capacitación y certificación de cuerpos policiacos locales y, por supuesto, el Congreso aprobó en 2008 una serie de reformas que, a pesar de aún tener muchos pendientes en su implementación, genera un marco legal menos empedrado para la adecuada evolución de nuestro sistema de seguridad y procuración de justicia. Tampoco se debe olvidar que, si bien han entrado en un estado de cierta parálisis, los recursos emanados de la Iniciativa Mérida han servido para equipar mejor a las fuerzas armadas y a la PF, así como para la construcción de instalaciones de inteligencia y centros de información de vanguardia mundial.
Con todo lo anterior en mente, Peña contará con buenos cimientos para diseñar una estrategia de seguridad con potencial de éxito. Sin embargo, como es usual, el diablo estará en los detalles. Dicho lo anterior, es evidente que el equipo del presidente electo está trabajando a marchas forzadas en la definición de su estrategia para la siguiente etapa. Todo indica que su enfoque variará en dos cosas muy concretas pero con enormes implicaciones. Por un lado, el objetivo se redefinirá hacia disminuir la violencia y proteger a la población en lugar de confrontar al crimen organizado por sí mismo. Por otro lado, el planteamiento que parece privilegiar el equipo es el de adoptar una visión más estratégica que premie y castigue comportamientos violentos por parte de las bandas criminales. Ambos caminos implicarían un giro fundamental respecto a la estrategia calderonista.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
