En el ejercicio de gobierno, como en otros frentes de la política, es crucial elegir cuidadosamente las primeras batallas por librar, los primeros enemigos a vencer. Sin embargo, en la lógica actual de la política mexicana, se ha priorizado atacar los males más visibles mediáticamente, los más redituables en términos de popularidad y capital político, dejando de lado otros problemas públicos que requieren también de atención urgente.
Pareciera que la elección de Calderón de combatir al crimen organizado en el frente federal y la de Marcelo Ebrard de desmantelar el ambulantaje en la ciudad de México, son parte de una estrategia con miras muy cortas: Legitimar su gobierno e implantar la imagen de eficacia y acción en el imaginario social. Los dos inician sus respectivos gobiernos con la certeza de que han elegido las mejores batallas y que ello les ha de ser premiado con popularidad y reconocimiento en un futuro inmediato.
No cabe duda que es fundamental que ambos se hagan de capital político en un inicio, para posteriormente tener la capacidad de avanzar algunas reformas o acciones de gobierno menos populares entre la población. La gobernabilidad depende en gran medida de la habilidad de los políticos para vender cambios dolorosos o reformas impopulares. Así, las medidas adoptadas por Calderón y Ebrard en sus primeros meses de gobierno operan con una lógica parecida a la de los ciclos políticos, donde se suele adoptar políticas económicas expansivas de carácter populista previas a la realización de un proceso electoral. La diferencia esencial radica en que, lo emprendido por ambos, no busca la victoria en el frente electoral, sino en el mediático-político.
Estos ciclos, aunque redituables en el corto plazo, resultan insostenibles en el largo plazo. En primer lugar, porque en ausencia de una estrategia verdaderamente planificada y estudiada para combatir a fenómenos tan complejos como el del narco y los vendedores ambulantes, cualquier esfuerzo mediano será infructuoso. Segundo, porque el capital político se construye a través de acciones graduales de gobierno, que generen efectos inmediatos y prometan derrames benéficos en el futuro.
Las batallas políticas que se deberán librar este sexenio en términos locales y federales son múltiples, y las más de las veces son las impopulares las que tienen un sentido de urgencia. El país reclama, además de seguridad, reformas en el sector energético, fiscal, y laboral, el combate a los monopolios, una revolución educativa, la lucha contra los sindicatos autoritarios y los grupos políticos que privilegian la defensa de sus intereses, la promoción de la competitividad y la construcción de infraestructura. La ciudad de México también exige un desarrollo más inteligente y un urbanismo mejor planificado, mejores espacios públicos y mayor calidad de vida, más salidas al agudizado fenómeno del tráfico vial, al problema del agua y una infraestructura de siglo XXI, así como mayor seguridad personal y patrimonial.
No es posible continuar viviendo sólo de estrategias inmediatas, el anhelo democrático de los mexicanos exige mejores resultados. Ojalá nuestros gobernantes tengan la capacidad y la sensibilidad política para ver esto.
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