Uno de los fenómenos más interesantes del actual proceso electoral en el país ha sido el tema de las candidaturas independientes. En específico, el caso del candidato a la gubernatura de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “el Bronco”. Si bien “el Bronco” no es el único candidato independiente –el INE otorgó el registro a 22 candidatos a diputados federales–, la candidatura de Rodríguez ha sido la que con mayor éxito ha logrado capitalizar el descontento social que existe ante la partidocracia. De acuerdo con algunas encuestas el Bronco concentra 32% de las preferencias del electorado y se encuentra en el segundo lugar en la carrera hacia la gubernatura neoleonesa. En teoría la figura de las candidaturas independientes, acompañada de un adecuado andamiaje jurídico, debería tener el potencial de revolucionar el anquilosado sistema de partidos vigente. Sin embargo, en el contexto actual, el sistema de candidaturas independientes ha resultado ser deficiente y no ha logrado convertirse en una alternativa viable a la partidocracia.
El actual sistema de candidaturas independientes en el país es el resultado de la reforma política de 2012; una serie de modificaciones legislativas incompletas que derivaron en un diseño institucional deficiente de la figura. En el ámbito fiscal, mientras que los candidatos de partidos políticos se encuentran sujetos a una serie de reglas estrictas sobre gasto y financiamiento, los candidatos independientes navegan dentro de un esquema lleno incertidumbre e inequidad sobre los límites de gasto y las normas de fiscalización que deben seguir. A tres semanas de la elección, aún se siguen definiendo las reglas sobre el tope de campaña de los independientes. Por ejemplo, veinticuatro horas después de que la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación en Monterrey, emitiera un fallo para que los independientes pudieran obtener aportaciones privadas para ejercer los mismos topes de gastos que sus contrincantes partidistas; la Comisión de Fiscalización del INE limitó las aportaciones de privados a no más del 10 por ciento del tope de gastos de campaña. Al final, y a unos cuantos días de que terminen las campañas, el Consejo General de INE (quien tiene la última palabra) decidió que los responsables de definir el tope de financiamiento privado son los organismos locales electorales, los cuales tienen cinco días para hacerlo.
Al margen de las deficiencias en el andamiaje fiscal, los candidatos independientes se enfrentan a una serie de adversidades que complican sus posibilidades reales de ganar una elección. Poner a competir las maquinarias profesionales y poderosas de los partidos políticos contra ciudadanos comunes sólo crea un juego desigual y no enriquece al sistema electoral. Por ello, el prototipo del candidato independiente competitivo en el país se ha convertido en aquel con trayectoria política y respaldo económico de grupos de interés. Bajo éstas condiciones, la razón por la cual la candidatura del “Bronco” tiene posibilidades de trascender en la siguiente elección se debe a su pasado priista y, por ende, a toda la estructura partidista y apoyo empresarial que tiene detrás de sí.
Quizá el tema más relevante –y más ignorado– en la discusión de las candidaturas independientes sea el de la gobernabilidad para lo candidatos que llegarán a ganar una gubernatura. ¿Cuál es el escenario que le espera a un candidato que no cuenta con alianzas en el poder legislativo? ¿Cómo lograría llevar con éxito la negociación de presupuestos o la aprobación de reformas? Una vez en el cargo de elección popular, la “independencia” que le permitió ganar, puede derivar en una flaqueza al correr el riesgo de ser extorsionados por la partidocracia. Para solventar esto, ¿por qué no considerar mecanismos de acceso ciudadano al interior de los partidos? ¿Por qué no simplificar e incentivar la creación de partidos ciudadanos? Como resulta claro, si bien en la teoría las candidaturas independientes se presentan como un elemento disruptivo, en su presentación vigente la figura está aún lejos de contribuir a mejorar el escenario político y, por lo contrario, solo pone en evidencia el poco cuidado que se le dio al diseño institucional de esta figura. Lo más lamentable es que de no corregirse se estaría dañando seriamente la credibilidad y legitimidad de un instrumento que potencialmente puede resultar muy útil.
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