Ciudad Juárez padece dos batallas. La primera es la del crimen organizado, que utiliza a las pandillas de la ciudad para ajustar cuentas y ha llevado el número de asesinatos a niveles récord. La segunda es la política, que por si fuera poco tiene dos frentes: el del PRI y el PAN, que pelean la gubernatura y que quieren colgarse el mérito de los fondos que pudieran llegar a la ciudad; y el del Gobierno Federal contra sus críticos, que apuntan una y otra vez a Ciudad Juárez como ejemplo del fracaso de la estrategia de seguridad en general.
Ninguna de estas batallas le reportará mayor beneficio a los habitantes de Ciudad Juárez. Ni el traslado o “presencia” de poderes a la ciudad con que el gobernador Reyes Baeza pretende crear la doble ilusión: que su estado no está ocupado por fuerzas federales y que él gobierna. Tampoco las visitas de alto nivel tendrán mayor efecto sobre la situación en el terreno –ni sobre la estrategia que se viene ejecutando.
Al margen de cambios retóricos, la estrategia del Gobierno Federal es básicamente la misma desde el principio: tomar el control del terreno para ver si es posible abatir la violencia contra la población civil. La única duda es si la Policía Federal tendrá éxito donde falló el Ejército, pero aún falta tiempo para determinar eso. De la misma forma, aunque ahora reciba un espaldarazo público, la implementación de programas sociales vía SEDESOL, SEP y Salud ya venía realizándose desde el principio. Es así que el reclamo de “reparar el tejido social” podría tener más que ver con el hecho de que en época de elecciones cualquier transferencia es un recurso electoral valioso, para todos los bandos.
Así las cosas, la muerte de 16 jóvenes –y el consecuente traspié verbal del Gobierno Federal– sirvió como catalizador de grandes gestos y, como en el caso del líder del PAN, denuncias estridentes y obvias, pero no aporta elementos para pensar en un cambio fundamental de estrategia. Ciudad Juárez es un botín político y criminal. Y es probable que nada cambie en el corto plazo.
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