Con poco más de dos años de anticipación al plazo constitucional, el 3 de junio pasado se anunció que Yucatán se convirtió en el cuarto estado en el país –después de Chihuahua, Estado de México y Morelos—en operar en todo su territorio y para todos los delitos el nuevo modelo de justicia penal producto de la reforma de 2008. De acuerdo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la meta es que para finales de 2014, 28 entidades implementen de forma total o parcial el nuevo sistema. La reforma estableció un plazo de ocho años, tras su promulgación el 28 de junio de 2008, con el propósito de finalizar la transición del sistema penal inquisitorio a un modelo acusatorio apegado a estándares internacionales, y respetuoso de los derechos humanos. No obstante, en una evaluación a seis años de la aprobación de la reforma, es claro que el proceso de implementación se ha caracterizado por la lentitud y los obstáculos.
La confianza detrás de las palabras del secretario Osorio Chong en cuanto al presunto paso acelerado que emprenderá la implementación de la reforma penal, podría estar respaldada por los más de siete mil millones de pesos destinados al sector. Ciertamente, a diferencia del gobierno federal anterior, la administración Peña ha demostrado, tanto interés en el tema, como voluntad para concluir el proceso a tiempo para junio de 2016. Sin embargo, el meollo estará en la eficiencia del gasto de semejante recurso. La mayor parte del presupuesto se destinará a la construcción de grandes proyectos de infraestructura (salas de justicia, complejos administrativos y demás). Desafortunadamente, levantar edificios no se traduce de forma paralela en una adecuada puesta en marcha de los postulados de la reforma. No obstante, la tentación de conformarse con la foto de un majestuoso (o sencillo, da igual) complejo judicial y un letrero de “misión cumplida”, podría dejar los cambios institucionales de fondo para otro momento. Independientemente de que sí es indispensable la modernización y actualización de la infraestructura física del sistema judicial, lo urgente consiste en modificar los modelos de trabajo al interior de las instituciones, establecer mecanismos de evaluación y mejora continua, además de desarrollar las competencias necesarias en los operadores.
Dado que la idea de prorrogar el plazo constitucional de junio de 2016 está descartada, quizá sea tiempo de comenzar a asumir una actitud más realista y distinguir entre aquello que sí se logrará transformar para esa fecha, y aquellos otros ámbitos que quedarán pendientes. El gobierno federal parece empecinado con la idea de cumplir con dicho límite como sea, cuando tal vez sería más prudente asegurar el establecimiento de las bases de lo que deberá ser una transformación más allá de ese 2016.
La correcta implementación del sistema de justicia acusatorio no se producirá por decreto, ni abriendo la billetera al por mayor. Por eso llama la atención la contundencia en la declaración del titular de Gobernación. A estas alturas, nadie es tan ingenuo para creer que la transformación necesaria estará finalizada una vez emitida la simple declaración de las autoridades. La única forma de asegurar que el cambio en verdad se ha producido, consiste en realizar ejercicios de evaluación que permitan confrontar los resultados de ambos sistemas. No basta saber cuántas entidades ya operan el nuevo sistema, sino determinar cuál es la calidad del mismo, cuánto se han transformado en efecto las instituciones, y cómo ha impactado en la confianza de los usuarios. De otra forma, se corre el riesgo de quedarse con las viejas prácticas con nuevos edificios.
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