“No venimos a administrar, sino a transformar al país”. Así lo ha manifestado en repetidas ocasiones el presidente Peña a fin de enfatizar que su objetivo es conseguir los cambios estructurales necesarios para el desarrollo económico del país. Durante los primeros cien días de su gestión, no fueron pocos quienes se “subieron a ese tren” movilizado por su espíritu reformista y el innovador mecanismo del Pacto que articuló. De hecho, la opinión internacional denominó a esta oportunidad histórica como “el momento de México”. Ya embelesado por la galantería internacional y bajo el auspicio político del Pacto por México, Peña dio a conocer el menú de un aparente gaudeamus nacional repleto de reformas. No obstante, varias de esas modificaciones de ley pensadas para “mover a México”, sí han cumplido con tal objetivo, aunque no necesariamente en sentido positivo.
Las propuestas de Peña no han satisfecho las altas expectativas generadas desde su propia retórica de campaña –a fin de cuentas, tal vez no tan creíbles para muchos. Aunque las discusiones en el Congreso han podido rescatar o enmendar ciertas fallas de origen –por ejemplo, en los casos en materia de competencia y telecomunicaciones o en el polémico tema de transparencia—las reformas se han caracterizado más por la decepción y la convulsión, que por el entusiasmo. Por ejemplo, la reforma educativa –más allá de las movilizaciones en la calle y la consecuente tensión en redes sociales– busca acotar el poder del magisterio a través de un poco comprensible sistema de evaluación, olvidando promover los cambios necesarios para dotar a la niñez mexicana (los jóvenes ni siquiera son contemplados) con las herramientas para ser exitosa en la vida. La discusión sobre un eventual replanteamiento del modelo educativo sigue perdida en el limbo político. En el mismo contexto, ni hablar de lo que podría ocurrir en los próximos días y semanas con la colección de amparos en manos de la hoy reclusa Elba Esther Gordillo. La extraordinaria capacidad de articulación y operación política no ha venido acompañada de una similar capacidad por el lado sustantivo.
Ahora bien, el platillo fuerte del festín de la gestión de Peña era la presentación de las reformas energética y hacendaria. La primera prometió la apertura del sector energético como piedra angular del crecimiento económico del país. Sin embargo, la propuesta no incluye –entre otras cosas– dos aspectos fundamentales para el repunte de la industria de hidrocarburos y el abaratamiento y mejora en calidad de la electricidad en el país: modificaciones reales a la estructura orgánica de Petróleos Mexicanos y la reducción del poder monopólico de la Comisión Federal de Electricidad, respectivamente. Aunque en este momento lo único que está sujeto a la decisión legislativa es la enmienda constitucional, el proyecto que se presentó en los considerandos brilla por lo que no se propone reformar. Por otro lado, la reforma hacendaria pareciera estar diseñada para obstaculizar una recaudación eficiente, obviar el combate a la elusión fiscal, y casi ni rasguñar al sector informal, eso sin mencionar las afectaciones que tendría su implementación –en sus actuales términos— en la competitividad de la industria.
Por si el “banquete” prometido no era suficiente, los meteoros Manuel e Ingrid pusieron en evidencia la típica vulnerabilidad de nuestro país ante este tipo de contingencias, no nada más por su posición geográfica, sino por factores humanos prevenibles como la negligencia, la corrupción, la ausencia de visión de largo plazo, y una política de sustentabilidad “de dientes para afuera”. Asimismo, las aguas tormentosas han terminado de sumergir en el olvido mediático el tema de la inseguridad. Dicho asunto, además de estar lejos de diluirse, hoy quizás está mostrando su rostro esencial; ¿no es su semblante una descomposición del tejido social a causa del estancamiento económico, la falta de oportunidades en el empleo, en la educación, en el acceso al crédito y a una red digna –no mínima como la planteada en la reforma presidencial— de seguridad social? En suma, antes de terminar de indigestarse con “reformones”, el gobierno del presidente Peña requiere (y lo requiere ya) mejores ingredientes para preparar propuestas que en verdad “muevan a México”.
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