En el marco de la inauguración del nuevo Congreso, los grupos parlamentarios del PRI de la LXII Legislatura iniciaron sus reuniones para definir las prioridades legislativas del siguiente periodo ordinario. Aparentemente, las reformas del candidato presidencial Enrique Peña Nieto serán las prioridades de las bancadas del tricolor. Al respecto, Peña Nieto y su equipo de transición generaron una centralidad en tres reformas –la propuesta en materia de transparencia, la creación de una comisión nacional anticorrupción, y un organismo que regule el gasto público de publicidad en medios de comunicación- dejando de lado hasta 2013 las llamadas reformas estructurales (seguridad social, laboral, fiscal y hacendaria, y energética (petrolera)), tan manoseadas en los últimos 15 años. La elección de estas reformas plantea una serie de conflictos que no serán fáciles de solucionar y señalan algunas debilidades del eventual presidente electo.
En principio, parece que la decisión de intentar sacar adelante estas tres reformas responde a un problema de necesidad de legitimidad –similar a lo sucedido con Felipe Calderón en 2006 con el surgimiento del tema de la lucha contra el crimen. Peña Nieto y el equipo de transición, bajo la mecánica del miedo frente a una enigmática reacción de López Obrador ante la potencial validación del triunfo presidencial del priista por el Tribunal Electoral, decidieron elegir temas sobre los cuales los gobiernos del PRI han sido claramente cuestionados en el pasado. Si bien Peña pudiera llegar a Los Pinos con una legitimidad lesionada (aunque con una debilidad mucho menor a la que tuvo en este sentido el presidente Calderón), en primer lugar, él asumirá el poder hasta diciembre, ya bien transcurrido el primer periodo de sesiones de la LXII Legislatura; en segundo término, las bancadas del Congreso parecen no tener problema alguno de cuestionamientos sobre su legitimidad y, al final del día, serían ellas quienes impulsarían las reformas incluso antes de la transición presidencial. Entonces, ¿por qué no ser más audaces en el ejercicio de gobierno? No todo en este sistema es la Presidencia (¿o acaso el “nuevo” priismo no ha cambiado la mentalidad del “antiguo”?)
Ahora bien, las tres reformas promovidas para el primer periodo ordinario no son menores y su transitividad en las cámaras podría convertirse en el primer problema innecesario de Peña Nieto. En primera instancia, las reformas elegidas tienen una envergadura política que implica una interacción de negociación entre los tres poderes y gobernadores en los estados–si se quisiera ir a fondo en las mismas, tienen el potencial de requerir modificaciones constitucionales nada sencillas. En segunda instancia, entregan al menos tres temas a las bancadas opositoras sobre las cuales los gobernadores priistas han sostenido conflictos, particularmente en los temas de transparencia del gasto de recursos y transferencias federales en los estados. En esta línea, mientras que el PRD actuará como una oposición frontal, el PAN en lo político podría jugar junto a la oposición de izquierda a la par de realizar chantajes frente al tricolor para la determinación de puestos públicos, la designación de ministros de la corte, embajadores, y otros puestos públicos fundamentales. Por último, parece que es Emilio Gamboa en la coordinación de la bancada del PRI en el Senado –alguien no cercano a Peña—, quien determinará los tiempos para la votación de las tres reformas. Es importante notar que Gamboa fue de los primeros en solicitar el aplazamiento de las reformas estructurales hasta el 2013, particularmente la petrolera, donde sus nexos con grupos sindicales en el sector no son menores (además de que Carlos Romero Deschamps también integrará la bancada senatorial priista).
Si Peña Nieto decidió “montarse en el toro”, debe realizar estocadas contundentes y no proponer modificaciones en las tres reformas de forma cosmética. Para ello, con puntualidad, las tres reformas tendrán que enfocarse en los siguientes puntos. Respecto a transparencia, establecer claridad frente a los fideicomisos vinculados a la construcción de infraestructura en las entidades, promover una completa fiscalización de los recursos federales, sindicales y los relacionados a donativos filántropos empresariales a campañas electorales y partidos políticos, junto con la defensa de la fuerza de los institutos de transparencia estatal y la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información. Respecto a la comisión anti-corrupción, una clara determinación de qué facultades de la Secretaría de la Función Pública serán absorbidas por dicha comisión y específicamente que secretaría de gobierno adquirirá el resto de las atribuciones de la SFP, ya sea la Presidencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o Gobernación, y nuevos métodos para modernizar la administración del poder ejecutivo. Finalmente, respecto a la regulación del gasto público en publicidad, el establecimiento de un claro esquema de selección de ciudadanos y atribuciones independientes de la autoridad.
Lo que no puede perderse de vista es que el éxito del nuevo gobierno quedará determinado por su éxito económico, factor que no está siendo impulsado –ni siquiera atendido- por las reformas propuestas. En la forma en que Peña Nieto parece haber decidido sus prioridades queda marginada la economía y, con ello, la gran oportunidad de dar un viraje “radical” desde el inicio. En los últimos años ha habido muchas reformas sociales y políticas pero prácticamente ninguna de carácter estructural. Si Peña Nieto pierde esta perspectiva podría acabar siendo más parecido a sus predecesores que diferente.
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