El 29 de octubre pasado, ante la Comisión de Justicia del Senado, comparecieron dos ternas de las que se elegirá a un par de nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los seis magistrados compiten por ocupar los lugares que, el 30 de noviembre, dejarán Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; ambos ministros desde 1995. Con estas designaciones, el presidente Calderón habrá propuesto a cinco de los once miembros de la SCJN (nueve, entonces, por gobiernos panistas). Han transcurrido ya tres semanas desde que Calderón sometiera a consideración del Senado sus ternas, por lo que resta sólo una para que los senadores resuelvan si aprueban o no las propuestas del Ejecutivo. De ser rechazadas, sería Enrique Peña Nieto quien, ya en Los Pinos, designaría directamente a los magistrados (dados los plazos constitucionales estipulados). Ahora bien, a diferencia de otros temas –como el de la reforma laboral—, este asunto “intersexenal” se ha caracterizado por una negociación política más o menos transparente entre los equipos presidenciales entrante y saliente. Las ternas reflejan la concreción de acuerdos entre Calderón y Peña –los cuales también trazarían un cierto alineamiento de las bancadas de sus respectivos partidos—, que podrían dar “tersura” al proceso de designaciones.
Sobre la importancia de elegir estratégicamente a los integrantes de la Corte basta decir que son ellos quienes, al final del día, deciden sobre los alcances de los valores y principios que se han establecido en la Constitución por los legisladores. Esta labor, como todas las que consisten en interpretar voluntades pasadas, tiene mucho más de política que de jurídica. Es decir, si bien las normas constitucionales son el límite de las actuaciones públicas y privadas, el alcance de éstas se define por la capacidad argumentativa de los ministros. Por ello, el sentido en el que se construyen tales argumentos es la dimensión más relevante. Las posturas ideológicas de los ministros, en ese contexto, constituyen buenas pistas para predecir el sentido de las decisiones del pleno de la SCJN y sus salas. Las transformaciones institucionales que se pretenden gestionar en los siguientes seis años en materia energética, laboral y fiscal pasarán, seguramente, por un examen constitucional y el órgano evaluador será la Corte. De ahí que valga la pena escuchar las posturas de los contendientes en estos temas y otros, recordando que, apenas desde 2009, el Senado solicita a los candidatos comparecer públicamente, lo cual permite tanto a legisladores, como a ciudadanos en general, conocer sus perfiles.
Sobre la participación del Senado en el proceso de elección de ministros –la que data de 1994—habrá que distinguir, de inicio, que su función supondría un contrapeso a la facultad del Ejecutivo para proponer a los integrantes de la Corte. Además de que el presidente deberá atenerse a los criterios del artículo 95 constitucional para armar sus ternas, el mandatario también tendrá que considerar el filtro de los senadores, quienes podrían echar abajo a sus candidatos. Sin embargo, este riesgo suele minimizarse, en la medida de lo posible, a través de la negociación. En este sentido, algunos medios han insistido en que el papel de los legisladores será, en los casos presentes, protocolario. Los trascendidos indican que Alberto Gelacio Pérez Dayán y Manuel Baráibar Constantino – juez a cargo de la liberación de Raúl Salinas de Gortari y de la revisión de violaciones de derechos humanos en Atenco- serían los “preferidos” de Calderón y Peña, respectivamente. Será la próxima semana que la ciudadanía se entere si se trató de ternas o de protocolos y favoritos.
Independientemente del resultado final, todos los nominados en esta y en casi todas las ocasiones previas siguen un patrón común: vienen del poder judicial, es decir, están “cortados” con el mismo patrón. Lo anterior no quiere decir que compartan criterios o ideología, pero sí que tienden a acotar su visión a la función tradicional de la Corte. En contraste, muchos de los críticos de la Corte exigen que se contemple la inclusión de perspectivas nuevas a fin de ir constituyendo gradualmente una verdadera Corte Constitucional que, como ha ocurrido en otras latitudes, asuma un protagonismo real en asuntos críticos del desarrollo político del país.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
