Que en México se consume mariguana (y que alguna vez fue legal) es un hecho y el debate sobre la (re)legalización de ésta y otras sustancias no es nuevo. Sin embargo, en la actualidad hay una especie de “neoactivismo” en la materia, en especial de ex funcionarios públicos (tampoco nada novedoso si se recuerdan los antecedentes de los ex mandatarios latinoamericanos Zedillo, Cardoso y Gaviria). Los argumentos que se han escuchado y leído en los medios y foros –tanto a favor como en contra—, igualmente carecen de novedad y son debatibles.
Hace unos días, Uruguay oficializó la puesta en marcha de un modelo de legalización impulsado con el argumento de que mejorará el clima de seguridad al reducir la violencia ligada al tráfico ilegal. Dada la complejidad del fenómeno del narcotráfico que conocemos en México, sería ingenuo pensar que la despenalización de la mariguana aliviará el crítico estado de la seguridad en el país. De hecho, sería deseable que la descriminalización y la regulación de la cadena de consumo de la mariguana impactaran significativamente, no sólo en la violencia ligada al crimen organizado, sino en la variedad de actividades nutridas a su sombra. El comercio de la mariguana, cocaína, opio y metanfetaminas –entre otras- ha propiciado la creación de poderosas y sofisticadas redes dedicadas a actividades muy diversas como la extorsión, el secuestro, el comercio ilegal de armas y de personas, y el lavado de dinero. Asimismo, no se debe olvidar el cuantioso y constante flujo de dinero proveniente, en su mayor parte, del mercado estadounidense, el cual, de acuerdo con estimados de las autoridades norteamericanas fue de entre 19 mil y 39 mil millones de dólares en 2012.
Ahora bien, el limitado impacto en materia de seguridad, no significa que se deba descartar la idea de regular el consumo de la mariguana. En México, la cannabis es la droga con mayor número de usuarios. Como señaló el procurador Murillo Karam, la ley mexicana permite una dosis determinada del estupefaciente (y no sólo de mariguana), aunque sí está penalizado su tráfico. Lo preocupante es que su utilización se duplicó en los últimos diez años según la Encuesta Nacional de Adicciones. Despenalizar la cadena de consumo podría ser una oportunidad para regular su producción, comercio y cobro de impuestos, tal como se hace con los productos legales y socialmente aceptados que son generadores de toxicomanías como el alcohol y el tabaco. No obstante, el argumento de que la legalización iría aparejada de programas de “concientización” sobre el consumo, resulta endeble al compararlo con la experiencia respecto al alcoholismo y el tabaquismo. Lo mismo ocurre con la prohibición de su publicidad en medios masivos; a pesar de ella, el consumo de drogas lícitas se ha disparado en los últimos años.
Finalmente, ¿cuáles son los factores que motivan el presente furor por discutir el tema de la legalización? Concediendo incluso que hubiera un renovado espíritu liberal y un profundo convencimiento de que el Estado no debe limitar la libertad personal mientras no se afecte a terceros, la respuesta es, en sí, poco clara. Es probable que sea una combinación de diversas causas, entre ellas la innegable oportunidad de impulsar un negocio bastante redituable, es decir, una llana visión de mercado. Basta ver el caso de California, donde el cultivo de la mariguana es el más rentable de todos y las autoridades estatales calculan que si se le aplica un impuesto similar al que se le cobra al alcohol, se recaudarían más de 1,300 millones de dólares anuales. Por lo pronto, el paradigma prohibicionista parece tambalearse a nivel mundial. Sin embargo, será clave hacer las preguntas correctas a la hora de la toma de decisiones. No es algo menor.
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