Desde que el Ejército salió a las calles y asumió un rol fundamental en la lucha contra el crimen organizado, no había una respuesta clara sobre cuánto tiempo duraría su intervención ni tampoco qué clase de funciones realizaría. Después de más de 4 años en las calles y una clara participación en asuntos de seguridad pública -que corresponden únicamente a cuerpos policíacos de carácter civil- creció la presión por definir el marco jurídico bajo el cual las fuerzas armadas seguirían actuando. Es por ello que, hace poco más de un año, se presentó en el Congreso una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional. La urgencia, sin embargo, no provino de ciudadanos o legisladores, sino del Ejército. Un Ejército pidiendo un legislación que acote y delimite su actuar: algo impensable en otros países. Y la razón es muy clara, sin el amparo de una ley que constituya una verdadera autorización para continuar actuando como lo han venido haciendo, se convierten en una institución vulnerable, susceptible de ser juzgada. Hoy muchos militares están concientes de que operan en un vacío legal donde se puede “hacer todo y nada” a la vez.
Hace unos días se reactivó la discusión pública en torno a esta iniciativa y, más allá de las disputas sobre los riesgos que la ley implica en cuanto a derechos humanos, legisladores y militares se enfrentan a una disyuntiva. Por un lado, aprobar la ley implica una aceptación tácita de que no existía una norma que permitiera la actuación del Ejercito en las calles durante los últimos cinco años, eso abre la puerta para litigios en los que incluso el Presidente podría figurar como autoridad responsable. No aprobarla, por otro lado, implica incertidumbre jurídica para todos, Ejército y ciudadanos; implica también no atender abusos y desapariciones.
El Ejército, en el ánimo de resolver este dilema, podría buscar la inclusión de un mecanismo jurídico en la ley -una suerte de amnistía o perdón- que le permita cobijar actos futuros pero también los pasados. La posibilidad de una solución de esta naturaleza, como la discusión de la ley misma, continuarán provocando la oposición de múltiples actores en la sociedad civil y academia bajo el argumento que legislar sobre la permanencia del Ejército en las calles es tanto como asumir el establecimiento de un Estado militar. El Congreso, ante tal entorno y la complejidad del diseño que debe tener la ley, podría congelar nuevamente la discusión.
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