La decisión del presidente Calderón de liquidar a Luz y Fuerza del Centro cambia el marco de referencia de la política pública en el país. Primero, manda una señal clara de que el gobierno no va a tolerar dispendios y excesos, además de desafíos a su autoridad. Segundo, asume la responsabilidad de mejorar la calidad de los servicios públicos y de atender las necesidades de la población. Como ciudadanos, esta acción constituye la oportunidad de contar con un mejor gobierno en el futuro.
Todo el proceso estuvo cuidadosamente operado. Aunque habrá riesgos por un tiempo, tanto legales como sociales, estas tienen pocas probabilidades de trascender. Un ejemplo es la posibilidad de que se presenten amparos individuales que terminen en una suspensión de las liquidaciones. También podría presentarse una controversia constitucional contra la acción tomada por el gobierno, aunque difícilmente prosperará por falta de apoyo en el Congreso.
En términos sociales y políticos la decisión de liquidar a la empresa eléctrica abre una nueva etapa de la disputa política. Los partidos se han encontrado ante la muy difícil tesitura de tener que definirse frente a un gremio caracterizado más por el exceso y corrupción que por la productividad. El hecho de que el gobierno haya presentado una propuesta de liquidación por demás generosa para los empleados de la entidad y aclarado que no es una privatización le hace la tarea difícil a los críticos. Actores políticos como López Obrador se han visto forzados a defender la incompetencia, el abuso y la corrupción, no muy promisorio para ellos.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
