El pasado 19 de marzo, el diputado Sergio Torres del PRI presentó una iniciativa para reformar el artículo 27 y derogar el 32 de la Ley del Seguro Social (LSS). La propuesta busca modificar la fórmula de cálculo de las cuotas obrero-patronales reportadas al IMSS, actualmente sustentada en el salario base del trabajador, y homologarlas a la vigente para el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la cual considera la suma de salario más prestaciones. Ernst & Young estima que dicha medida representaría un aumento en costos para las empresas de entre 3% y 20%, dependiendo del tamaño de su nómina y paquete de prestaciones. Por su parte, Baker & McKenzie advirtió que esto afectaría más a los trabajadores; incluso, algunos empleadores ya han amenazado con trasladar el incremento en costos a los trabajadores en el próximo periodo de negociación salarial.
Los defensores de la propuesta sostienen que no representa un nuevo “castigo” contra los contribuyentes cautivos para poder incrementar la recaudación fiscal, sino evitar un doble racero entre el régimen de recaudación del IMSS y el del ISR. La reforma eliminaría el actual sistema donde las empresas reportan bajas cuotas al Seguro Social, mientras que, dada la suma de prestaciones, enteraban altas cuotas al SAT a fin de obtener exenciones en el pago de ISR.
Ahora bien, si se piensa que la recaudación adicional ayudaría a mitigar la crisis financiera del IMSS, ello dista mucho de la realidad. De acuerdo con estimaciones de COPARMEX, la reforma significaría un aumento en la recaudación de entre 5 mil y 8 mil millones de pesos anuales. El pasivo del IMSS asciende a 122 mil millones de pesos o 9.9% del PIB.
¿Qué busca entonces la reforma a la LSS? Si se mira hacia otros frentes, se podría intuir que dichas modificaciones están inmersas en una miscelánea fiscal alterna a una reforma de mayor calado. Como ilustra el caso de Nuevo León, un estado altamente productivo, el aumento del 50% al impuesto sobre nóminas y el cobro de tenencia a camionetas y pick-ups, se espera genere 3 mil millones de pesos anuales adicionales. Otro indicio es la prórroga a 2014 de la actual tasa del ISR de 30%, la cual debió bajar a 29% en 2013. De poco en poco, este conjunto de medidas van sumando décimas de puntos porcentuales del PIB a la recaudación, sin necesidad de emprender una reforma federal de mayor impacto estructural (positivo) y mediático (negativo). Los costos políticos de, por ejemplo, imponer IVA en alimentos y medicinas, o un IVA general de 19% como lo sugirió el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, siguen estimándose riesgosos.
Es posible que una miscelánea fiscal le reporte al gobierno federal unos puntos porcentuales de incremento en la recaudación que le hagan posible elevar el gasto y, con suerte, promover un mayor crecimiento económico. Sin embargo, los costos de continuar posponiendo una reforma fiscal integral que le entre a temas delicados como el incremento a los impuestos al consumo, tal vez la respuesta más eficiente ante el problema de la informalidad y que tiene menores efectos distorsionadores de las decisiones de inversión y compensación a la fuerza de trabajo, crecen día con día. Algo similar se podría decir del caso de PEMEX: una reforma que convierta a la entidad en una empresa con un régimen fiscal que le permita estructurar sus decisiones de inversión de acuerdo a una lógica económica permitiría generar muchos más recursos para el gobierno en la forma de dividendos, pero eso sólo es posible si éste cuenta con ingresos fiscales de fuentes distintas. Es decir, en el corazón del objetivo de elevar la tasa de crecimiento de la economía yace una reforma fiscal que haga más fácil pagar impuestos, incentive la toma de decisiones que no se guíe por consideraciones fiscales y recaude suficiente para que el gobierno cumpla con sus responsabilidades elementales. Más aún, de cara a una administración cuya principal pretensión se basa en el gasto social –a través de su programa insignia, la Cruzada Nacional contra el Hambre, además de otros programas de corte asistencialista—, el gobierno del presidente Peña no puede seguir evadiendo decisiones difíciles, sobre todo en la medida en la cual el proyecto del PRI trasciende la figura del mexiquense y aspira a la continuidad transexenal.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
