En la última semana, la palabra “renuncia” ha sido utilizada con mucha frecuencia para referirse a distintos eventos. En el ámbito internacional, no sólo destaca la abdicación de Benedicto XVI como jefe del Estado Vaticano, sino las voces en España que han exigido la dimisión del presidente del gobierno de aquel país, Mariano Rajoy, dado un grave escándalo de corrupción que sacude a su partido. En lo nacional, dos organismos representativos de la transición democrática, el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), también encaran problemáticas vinculadas con futuros y/o probables cambios en sus órganos directivos. En esta oportunidad, vale la pena acercarse a una institución que, por segunda ocasión en menos de quince meses, ha vuelto a quedar incompleta. ¿Qué le espera al IFE en los próximos meses?; ¿será una buena coyuntura para continuar “perfeccionando” (por usar un eufemismo) tanto al Instituto, como a sus reglas?
La renuncia del polémico consejero García Ramírez –pieza clave en el desempate para aprobar el dictamen que evitó al PRI una multa de al menos 75 millones de pesos por el caso Monex—, ha aumentado de cuatro a cinco el número de vacantes en el IFE que, en el ideal, deberán resolverse antes de concluir 2013. Los consejeros Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa, Francisco Javier Guerrero y el mismo Valdés Zurita, concluirán su gestión en octubre de este año (éste último, tras cumplir un periodo de seis años como presidente del Consejo General del IFE, tenía la opción de someterse por única vez a reelección, a lo cual ha declinado). Por otra parte, la salida de García Ramírez –quien, por cierto, dijo que se debía en buena medida a ya haber cumplido “la labor que le había sido encomendada”—ha generado un lugar vacío que, según una propuesta de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, podría ocuparse a más tardar a principios de abril. Así, a fin de año, si las fuerzas políticas en San Lázaro no recaen en la parálisis que dejó desiertas por varios meses tres sillas de su Consejo General hace un par de años, el IFE tendría siete de nueve caras distintas entre sus consejeros, comparado con quienes ostentaron dichos cargos antes de diciembre de 2011. En pocas palabras, haya sido planificado o no, y por diferentes causas a las que propiciaron en 2008 la renuncia del entonces consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, y la salida de la mayoría de sus colegas, tendremos otra vez nuevo IFE con el nuevo ciclo electoral federal. ¿Qué implicaciones (y suspicacias) generará esta renovación del Instituto?
En entrevista concedida a Proceso, tanto Lorenzo Meyer, como José Antonio Crespo, coincidieron en señalar una “quiebra moral” del IFE. El factor determinante para ello, según dichos analistas, sería la influencia de los partidos políticos en la designación de sus consejeros “ciudadanos”. No obstante, ésas han sido las reglas establecidas desde hace muchos años en el Libro Tercero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). En efecto, mientras el método de selección de consejeros no cambie, la sospecha de que los partidos negocien la designación de personajes con supuestas consignas políticas, permanecerá latente. ¿Qué hacer? En primera instancia, se antoja complicado que los métodos cambien sustancialmente antes de octubre. El PRD ha propuesto nominar ternas para cada una de las vacantes, en vez de acordarlas por separado. Eso podría disminuir, pero de ningún modo eliminar las suspicacias. Mientras los partidos políticos sigan teniendo la voz cantante sobre quien se sienta y quien no en organismos “autónomos” como el IFE, dicha autonomía será sólo de nombre. Probablemente sea necesario plantear esquemas que permitan la creación de servicios profesionales dentro de esas instituciones de donde, en un futuro, pudieran no nada más emanar sus directivos, sino que entre ellos mismos decidieran la conformación de sus órganos colegiados. Ahora bien, “hablando en plata”, los incentivos para transformar estas “autonomías secuestradas” son escasos.
En suma, la complejidad que evidencia el IFE no es nueva, ni es culpa de los integrantes del Consejo. Una solución integral requeriría una redefinición de su estructura y un contexto político-legal distinto. Como eso evidentemente no se va a dar, los cambios serán de personas, producto de negociaciones entre los partidos. El verdadero asunto que debe ser contemplado es el hecho de la coyuntura en que se da: un nuevo gobierno con lógica de poder y con un acusado sentido electoral. El riesgo es que el gobierno utilice la fragilidad del IFE y la debilidad relativa de los partidos de oposición para incorporar nuevos mecanismos de control que le faciliten futuros triunfos electorales. Un escenario que no debe ser desdeñado.
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