En una reunión a puerta cerrada con el gabinete federal, llevada a cabo este lunes 26 de enero, trascendió que el presidente Peña Nieto tomó la decisión de recortar el gasto público; se dice que los principales rubros afectados serán los relativos al gasto corriente como: sueldos, costos operativos, pensiones, y servicios públicos. Esta determinación es clave dados los nada alentadores pronósticos de crecimiento económico para México, el desplome del precio del petróleo, y la alta volatilidad en los mercados financieros internacionales, la cual ejerce presión sobre el tipo de cambio y las tasas de interés. Además, aunque las coberturas contratadas por la Secretaría de Hacienda para el tema de la caída del crudo durarán hasta 2016, en términos de flujo, de acuerdo con los contratos, éstas serán pagadas hasta diciembre de 2015, forzando al gobierno a buscar alternativas a fin de cumplir sus obligaciones en el corto plazo. Asimismo, los comicios de este año influyen indudablemente dado el poderoso incentivo que existe para ejercer más gasto en función de estrategias político-electorales. Parece ser que el criterio a seguir es confiar en la anhelada inversión en grandes proyectos de infraestructura como el motor del crecimiento económico. ¿Será ésta la mejor estrategia posible?
En México, el crecimiento del gasto público se ha convertido en una costumbre. Por ejemplo, tan sólo en 2014, éste registró un crecimiento real de casi 8.2 por ciento con respecto a 2013. En contraste, el promedio de crecimiento del PIB en los últimos 10 años ha sido de solamente de 2.7 por ciento. Por otro lado, los ingresos tributarios no petroleros se han mantenido constantes. Esto explica la comodidad que representó para el gobierno el contexto de años pasados, cuando los precios internacionales del crudo fueron altos, lo cual le permitió compensar de manera artificial el faltante de presupuesto ocasionado por la falta de una base tributaria más amplia. Sin más crecimiento en la economía, ni en los ingresos tributarios, ni en el precio del petróleo, ni en la eficiencia del sector público, los aumentos continuos al gasto carecen de justificación razonable. Probablemente, los recortes aprovecharán la inercia de reducciones a programas ya planeados -como la reconfiguración de las refinerías de Tula y Salamanca-, o serán los típicos recortes a programas como cultura y deporte, o quizá incluso a la implementación de la reforma penal. También es posible (y sería deseable) que el ajuste reconsidere rubros de gasto con aumentos significativos desde principios del presente sexenio, cuyas consecuencias implicaron la sorprendente elevación de 6.9 por ciento en el gasto corriente y del 12.3 por ciento en deuda pública entre 2013 y 2014.
El cierre de la llave del gasto público es una opción que, por supuesto, no agrada al gobierno. No obstante, también habrá múltiples actores no del todo contentos con la decisión. Cabe recordar cómo, durante el primer año de la gestión presidencial de Peña, una parte importante del sector privado, en particular aquella proclive a beneficiarse con contratos con gobierno, manifestó su preocupación por los subejercicios presentados por varias dependencias federales. Si bien no es lo mismo un subejercicio –o la postergación del gasto—que de plano un recorte presupuestario, a fin de cuentas la noticia inquietante es la escasez de recursos. A diferencia del subejercicio, donde existe la esperanza de que alguna vez se desatore la inyección de dinero, el recorte no tiene mucho margen de maniobra. Otrora, la autoridad recurría al endeudamiento irresponsable y casi cíclico. En la actualidad, las consecuencias de aferrarse al gasto a toda costa serían mucho más catastróficas que hace tres décadas. Por ello, el gobierno está obligado a plantear una estrategia en la cual se combinen austeridad, responsabilidad en el gasto, y eficiencia en la administración de recursos limitados. En realidad no se sabe todavía en qué consistirán los detalles del recorte trascendido. Sin embargo, si no se hace de manera adecuada, los resultados serán funestos y, además de sepultar la ya deteriorada imagen de eficiencia del actual gobierno federal, las reformas estructurales que tanto esperaba el país terminarán siendo una oportunidad desperdiciada. Lo último que necesita el país y su maltrecho sistema político es retornar a las crisis de los setenta-noventa…
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