Si bien las propuestas de cambios constitucionales del gobierno del presidente Peña son bastante escuetas en sus contenidos, la larga exposición de motivos que acompaña a la iniciativa puede dar ciertas pistas acerca de los planes de la administración federal en materia energética. En lo referente al sector eléctrico, con base en dicho texto, cuyos detalles podrían o no incorporarse en la legislación secundaria –si se aprueban las reformas a la Constitución, claro está—, se contemplaría la apertura al sector privado del mercado de generación (donde ya existe inversión privada a través de los esquemas de Productores Independientes de Energía, autoabastecimiento y cogeneración), como la creación de un órgano del Estado encargado del despacho y mantener el control estatal de las redes de transmisión y de distribución. Ciertamente, la inclusión del tema eléctrico en la posible reforma ya es, per se, de aplaudirse. No obstante, igual que como ocurre con los hidrocarburos, hay todavía varios cabos sueltos en cuanto a la manera en la cual operaría el sector de la electricidad. Este rubro es clave en la economía y, en la actualidad, presenta muchos problemas. De cara al proceso de dictaminación en las cámaras del Congreso, en particular en el Senado, que será la cámara de origen, ¿qué cuestiones centrales quedan pendientes? ¿Podrían añadirse en las modificaciones a la Constitución o sería suficiente con modificaciones a las leyes reglamentarias?
La dominante atención mediática en lo concerniente al petróleo ha ensombrecido la visión hacia la problemática del sector eléctrico. Sin un cambio de fondo a la estructura verticalmente integrada del monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no se podrá fomentar la competitividad que las empresas mexicanas necesitan. La iniciativa que presentó el presidente olvida tocar algunos de los puntos más nebulosos del debate eléctrico, como son los esquemas tarifarios y la poca autonomía de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el órgano que, uno supondría, debería ser la pieza crucial en la administración de las redes de distribución bajo un esquema de competencia real. Una reforma integral requiere tratar estos temas, además de abrir la comercialización (el mercado al menudeo) a la competencia para acceder a los beneficios que la exposición de motivos promete, pero que no se cumplirán con los solos cambios a la carta magna tal cual están.
La cerrazón en la comercialización eléctrica condena a los consumidores pequeños (residenciales, de comercios, de servicios y hasta de pequeñas empresas) a depender del servicio de un monopolio como es la CFE. Sin tener que competir por brindarles el servicio a los usuarios, no hay incentivos visibles para que la paraestatal mejore en pérdidas de energía o calidad del servicio. Por otra parte, la reducción de las tarifas eléctricas, tan prometida por Enrique Peña desde su campaña presidencial, tal vez podría implementarse de manera artificial ya que la determinación de éstas se halla en poder de la Secretaría de Hacienda, pero su viabilidad no tendría sustento sólido. Mientras no se modifique el esquema tarifario eléctrico, el patrimonio de la CFE seguirá en riesgo, se tendrán patrones de consumo distorsionados por el precio artificial de la electricidad, y no se podrá focalizar el subsidio hacia las personas que realmente lo necesitan.
El arreglo que prescribe la iniciativa del presidente puede ser mucho menos provechoso de lo que se argumenta en la propaganda oficial. En pocas palabras, la reforma propuesta por el gobierno va en la dirección correcta, pero es insuficiente para atacar todos los problemas del sector. Veremos si en el debate legislativo –por ejemplo, sometiendo a discusión algunos puntos de la propuesta que presentó el PAN hace un par de semanas, la cual sí plantea el desmantelamiento de la estructura vertical del monopolio eléctrico—, se puede materializar una reforma de fondo en el rubro.
Sea como fuere, lo único que es indisputable es que cualquier modificación en el régimen de la industria de la energía en México, especialmente de Pemex, implica una modificación de la política fiscal, el próximo tema de disputa en la sociedad mexicana.
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