A medida que se acercan las elecciones del 7 de junio comienzan a encenderse los focos rojos que ponen en duda la viabilidad y calidad de los comicios en ciertas localidades del país. El Instituto Nacional Electoral (INE) identificó cerca de 10 mil Secciones de Atención Especial (SAE), de un total de 62 mil secciones. Si bien la denominación de SAE tiene que ver con factores diversos, desde meteorológicos y demográficos, hasta culturales y étnicos, también depende de las condiciones de inseguridad y presencia de conflictos comunitarios. Los principales desafíos a la gobernabilidad del proceso provienen, en primer lugar, de los crecientes sucesos de violencia e inseguridad, y, en segundo lugar, por movimientos organizados o grupos de interés que amagan con impedir las elecciones en algunos distritos. Ambos factores son alarmantes ya que ponen en entredicho si las autoridades electorales y de seguridad tienen la capacidad de hacer frente a dichas amenazas. Además, dan cabida a cuestionamientos acerca del impacto que pueden tener en la jornada electoral y en las instituciones políticas y electorales a futuro.
La cifra de las SAE es altísima en comparación con la del 2009 en donde se reportaron únicamente tres mil secciones riesgosas o incluso con las de 2012 en donde se contabilizaban seies mil puntos conflictivos en el país. Paralelamente, la violencia hacia los candidatos ha superado las cifras de 2009 y 2012 – en las que se registraron seis y cinco homicidios, respectivamente- ascendiendo a siete asesinatos en lo que va de este proceso electoral. Desafortunadamente, la crisis de inseguridad y los altos niveles de violencia que se reportan a través del territorio nacional, particularmente en estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Jalisco y Oaxaca hace que las agresiones a candidatos sean poco sorprendentes.
Sin embargo, no deben pasar desapercibidas, especialmente si se considera el impacto que tienen estas agresiones en la calidad de la contienda, en la confianza de los ciudadanos y en la misma gama de opciones electorales que enfentan los votantes. Por ejemplo, tras el asesinato del candidato titular, Ulises Quiroz, del PRI-PVEM en el municipio de Chilapa, Guerrero, el candidato suplente rechazó tomar la candidatura por miedo a sufrir el mismo desino y dejando así vacía esa opción para el electorado. De igual forma, en ciertas zonas del país, el clima de violencia es tal que limita los actos de campaña de los candidatos, inhibe el voto y afecta los niveles de participación y confianza de los ciudadanos con las instituciones electorales del país. Es preocupante cómo la creciente inseguridad e impunidad puede llevar a la reducción de alternativas para los electores por medio de la eliminación de la competencia entre partidos que preferirían renunciar a postular candidaturas con tal de no ser una víctima más.
Por otro lado, los desafíos hacia las autoridades electorales tienen que ver con grupos de interés que están dispuestos a boicotear las elecciones con tal de obtener prebendas y avanzar sus intereses. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca amenazó con impedir los comicios a menos que el gobierno les concediera lo imposible: aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, marcha atrás de la reforma educativa en el estado, aumentos salariales y acceso a plazas docentes. El músculo de la Sección 22 es lo suficientemente poderoso para impedir que se realicen las elecciones en Oaxaca ya que cuentan con más de 80 mil docentes que pueden bloquear las once juntas distritales del INE y evitar, así, que se distribuyan los materiales electorales a las casillas a lo largo del estado. El caso de Guerrero presenta condiciones similares, aunque en una menor escala ya que la presencia de la CETEG se concentra en solo dos de los nueve distritos de la entidad. El riesgo para el gobierno está en que con el afán de apagar este foco rojo se decida pagar un precio alto que represente un retroceso para la reforma educativa, seguir fortaleciendo a uno de los grupos de interés más poderosos del país, y hacer del chantaje un camino atractivo para conseguir prebendas.
Sin duda la realización de las elecciones de manera pacífica, aun en las localidades más problemáticas o con mayor vulnerabilidad ante la ingobernabilidad y violencia, debe de ser uno de los objetivos principales de las autoridades electorales y de seguridad. Sin embargo, habrá que tener cuidado con la manera en que se neutralizan las distintas amenazas y los costos que representan para la consolidación institucional del régimen democrático electoral.
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