Uno de los principales argumentos a favor de la reforma energética estuvo sustentado en la necesidad de modificar al sector hidrocarburos para dinamizar la economía mexicana. Con un PEMEX ineficiente e incapaz de revertir la dramática disminución en la producción petrolera, era cada vez más preocupante el riesgo de una hecatombe por la inestabilidad presupuestaria del Estado, ya que por décadas su presupuesto ha dependido entre un 30 y 40 por ciento de los ingresos petroleros. Por ello, y con ayuda de una reforma fiscal que se inclinó por aumentar la carga tributaria, más que por fomentar los incentivos para incrementar la productividad en la economía mexicana, la reforma energética se diseñó para incrementar la renta petrolera. Mientras que en medios de comunicación y en las curules del Congreso el debate se ha centrado en si dicha renta será compartida o no con empresas privadas, existen otros aspectos sobre los ingresos petroleros que obtendrá el Estado que son verdaderos focos rojos para el desarrollo de México.
El primero de ellos señala la visión de corto plazo que tiene la reforma sobre la explotación de un recurso natural no renovable. A pesar de que se expresa en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo una intención por establecer un sector hidrocarburos sustentable y que administre la renta petrolera en el largo plazo a través de un fondo especializado, la premisa es maximizar la renta petrolera que recibirá el Estado. Así, de estas leyes emana la verdadera dimensión temporal del manejo de los recursos, ya que los porcentajes de los ingresos petroleros destinados a los rubros de corto plazo son sensiblemente mayores a los rubros de inversión de largo plazo. Por ejemplo, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (ambos relacionados a gasto corriente ineficiente) recibirán 2.2 y 0.64 por ciento de los ingresos petroleros, respectivamente. En cambio, en su conjunto, los ingresos recibidos para fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico de los institutos que realizan investigación en materia de hidrocarburos, formación de recursos humanos especializados y sustentabilidad energética –que incluye innovación en eficiencia energética y en tecnologías para las energías renovables—, sólo recibirán 0.65 por ciento de los ingresos petroleros.
Otro foco rojo reside en los incentivos perversos que el destino de los ingresos petroleros impone a la economía mexicana. Las entidades federativas seguirán recibiendo hasta 11,800 millones de pesos provenientes de tales ingresos. Mientras que hay entidades que realmente serían consideradas productivas aún recibiendo tal transferencia por ser sedes de la explotación de los recursos petroleros, otras carecen de sectores económicos productivos y reciben un subsidio a la ineficiencia, proveniente de la Federación. De esta forma, la supuesta eficiencia en la explotación de los hidrocarburos que generaría la reforma energética serviría para enmascarar otros sectores ineficientes en el país, tal y como ha sucedido por décadas. Estos incentivos perversos se convierten además en un catalizador para el uso discrecional de los ingresos petroleros que usualmente van acompañados de una nula rendición de cuentas. Todavía la Tesorería de la Federación recibirá anualmente ingresos petroleros por un monto de 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto a fin de cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La legislación secundaria hace evidente que el gobierno no busca “despetrolizar” la economía y no tiene incentivos para establecer una estrategia de uso eficiente del gasto público, puesto que recurrirá a los ingresos petroleros para cubrir el déficit público que acarrea. De esta forma, es imposible privilegiar el fomento a actividades productivas e innovación tecnológica que favorezcan el desarrollo económico del país.
En adición a lo anterior, quedan por dilucidarse dos temas clave: primero si, después de todas las piruetas legislativas, efectivamente existen incentivos para que inversionistas privados participen en el mercado. El asunto no es trivial toda vez que la ley le otorga enormes ventajas a PEMEX y deja muchos elementos no resueltos para inversionistas privados. Por otra parte, el beneficio quizá más importante y trascendente de la reforma resida en la liberalización de importaciones de productos y servicios energéticos. No es inconcebible que la verdadera trascendencia de la reforma acabe siendo la liberalización el mercado de energía, factor que permitiría que se utilice gas (o electricidad) barato importado del exterior, pero también que se localicen plantas nuevas en territorio mexicano o estadounidense dependiendo de lo que haga más eficiente y productiva la inversión.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
