Justo a unos días de que se lleve a cabo la XI Semana Nacional de Transparencia (del 29 de septiembre al 3 de octubre próximos), los Poderes Ejecutivo y Legislativo han asumido importantes compromisos en materia de transparencia y rendición de cuentas. El 22 de septiembre, el Congreso de la Unión firmó su adhesión a la Alianza para el Parlamento Abierto (APA); dos días después, en el marco de la LXIX Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Enrique Peña asumió, en nombre de México, la presidencia rotativa de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Pero, ¿qué implica para las autoridades y la ciudadanía la participación en dichas alianzas, sobre todo cuando todavía está pendiente la concreción de la agenda legislativa para combatir la corrupción y la reglamentación de la reforma constitucional en el tema de transparencia?
La AGA es una iniciativa global que nace formalmente hace tres años a través de una declaración firmada por los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, México, Noruega, Reino Unido y Sudáfrica. Su propósito es crear una herramienta encaminada a promover la transparencia y combatir la corrupción a través de la participación ciudadana, haciendo uso intensivo de la tecnología. En México, esto se ha traducido en una serie de compromisos -alcanzados de forma proactiva entre autoridades del Ejecutivo federal, organizaciones de la sociedad civil y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)- que buscan impactar en la calidad de vida de las personas. Se han acordado, por mencionar algunos, compromisos tan diversos como el seguimiento de la obra pública; información sobre becas; o la creación y divulgación de bases de datos de personas desaparecidas y detenidas por la Procuraduría General de la República (PGR), entre otros.
Por su parte, en la arena parlamentaria, el objetivo es que los 34 cuerpos legislativos del país –los 31 congresos estatales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Senado de la República y la Cámara de Diputados— cumplan de forma mínima con una serie de principios establecidos como deseables, tales como la divulgación de información sobre la administración y gasto de la institución; acceso simple y sencillo a datos que caractericen el quehacer parlamentario; participación y supervisión ciudadana en la toma de decisiones legislativas; publicación de la declaración patrimonial y el registro de intereses de los legisladores. Por supuesto que, en primer lugar, se deberá legislar a favor del establecimiento de las mejores prácticas de gobierno y parlamento abiertos.
A nivel internacional, AGA se ha extendido a más de 64 países, y el innovador y efectivo proceso de trabajo realizado en México le ha valido al país ser mencionado como una buena práctica en varios ámbitos. Sin embargo, eso no significa que los objetivos hayan sido ya logrados y menos que el país se encuentre a la vanguardia en cuanto a transparencia y rendición de cuentas. Es fundamental dimensionar el formato de alianzas de gobierno o parlamento sólo como una herramienta que acerca a la ciudadanía, las autoridades y los órganos garantes de la información para buscar objetivos encaminados a tener un Estado más abierto que incluya a los tres Poderes de la Unión y los gobiernos estatales y municipales. Dado que ni los compromisos ni los acuerdos son vinculantes, el éxito de esas herramientas dependerá de la voluntad de las instituciones y de la capacidad de la sociedad civil para explotarlas, manteniendo su autonomía y visión crítica. Siempre existe el riesgo de que el brillo del escaparate internacional y el entusiasmo por la firma de acuerdos, distraigan los genuinos esfuerzos por fortalecer las instituciones llamadas a consolidar el marco de la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido, aún están pendientes la aprobación de la legislación secundaria en materia de acceso a la información, la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), definir el nuevo papel del IFAI como órgano autónomo, y fortalecer la procuración de justicia en casos de incumplimiento por parte de las instituciones.
Finalmente, las alianzas, los acuerdos y los pronunciamientos internacionales, son un excelente motivo para involucrar a más actores y profundizar en la discusión respecto a la necesidad de tener un estado verdaderamente transparente y abierto. El problema es que se requiere más que acuerdos internacionales: tiene que existir una convicción de la importancia de estos instrumentos y la visión para instrumentarlos de manera cabal. Si bien las actividades de esta semana tanto en AGA como en APA son pasos importantes, resulta toral no perder de vista que las metas distan mucho de estar cumplidas. La responsabilidad de la sociedad civil en el seguimiento de esto es crucial.
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