El 18 de junio de 2008, se promulgaron una serie de reformas constitucionales con el objetivo de que se establezca en México un nuevo sistema de justicia penal (NSJP) basado en el modelo acusatorio (juicios orales, mecanismos alternativos de solución de controversias, el fortalecimiento de la presunción de inocencia y la reparación del daño como pilares de la procuración de justicia, entre otras cuestiones). En teoría, este esquema pretende garantizar una justicia expedita, transparente, eficiente y confiable; una de las principales deudas de las autoridades en todo el país.
De acuerdo con los plazos establecidos por los congresistas de la LX Legislatura federal, el esquema inquisitorio que hoy aún opera en buena parte de la República, debería dar paso por completo al nuevo modelo antes del 18 de junio de 2016. A la fecha, 3 entidades todavía no han implementado el NSJP en ninguna etapa (Sonora, Baja California Sur, y Michoacán), mientras apenas son 4 las que han dado por concluida la transición (Estado de México, Morelos, Chihuahua y Yucatán). El pasado 16 de enero, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Manera, dio el “martillazo” inicial a la implementación de la primera etapa del NSJP en la entidad, convirtiéndose en la vigésimo novena en hacerlo. Dadas las características particulares de la capital del país, ¿cuáles son las expectativas de esta nueva situación?; ¿es posible esperar una mejoría respecto del sistema tradicional y su paupérrimo desempeño?
El plazo de ocho años establecido para la implementación de la reforma, respondió a la complejidad que implica una transformación de este calado, a la falta de información sobre sus características y a la acusada oposición de muchos de los integrantes del sector (abogados, jueces, académicos) al nuevo esquema. La adecuada implementación del nuevo modelo no se logrará únicamente con modificar leyes e invertir millones de pesos en la construcción de infraestructura (nuevas salas de audiencia, modernización de laboratorios de análisis de pruebas, inversión en tecnología). El sistema acusatorio obedece a una lógica distinta al sistema anterior, y requiere de acciones intensivas en capacitación de operadores y reorganización institucional. Las profundas asimetrías entre instituciones y los vicios propios del sistema de impartición de justicia en el país, donde la corrupción es elemento transversal y casi omnipresente, no pueden eliminarse con la simple promulgación de un ordenamiento legal. Por supuesto, a casi siete años de las modificaciones constitucionales, poco o nada ha cambiado en ese sentido, incluso en aquellos estados que se vanaglorian de estar en total cumplimiento de los postulados del NSJP.
Ahora bien, al analizar el caso particular del Distrito Federal, ¿garantizó el arranque del nuevo sistema que, a nivel local, tanto el Poder Judicial, como la procuraduría de justicia, la defensoría pública, y las policías se encuentren en condiciones óptimas para el reto? Por el tipo de delitos que se contemplan en esta primera etapa –culposos y no graves perseguidos por querella— se supondría una menor complejidad. No obstante, el mero volumen de asuntos implicará un difícil reto, principalmente para las unidades de justicia alternativa (58 por ciento de los delitos registrados por la procuraduría capitalina entrarían en la categoría de la primera etapa de implementación).
La autoridad capitalina ha declarado que pretende concluir su transición al NSJP para finales de este año. Sin embargo, aun si no cumplieran con esta meta o con el mismo plazo fatal de junio de 2016, lo importante no será presentar una ceremonia triunfal con pompa y circunstancia, sino contar con una estructura que en realidad pueda dar los resultados esperados. Dada la proyección nacional del Distrito Federal, un mal funcionamiento del nuevo sistema de justicia podría incidir negativamente, no solo en el resto del proceso local, sino también en la reputación del sistema acusatorio en todo el país. De esta forma, el Distrito Federal representa, dada su magnitud y relevancia, el mayor de los desafíos que tendrá la implementación del NSJP.
Independientemente de plazos y anuncios sin sustancia, la llegada del nuevo sistema de justicia penal es una oportunidad única para transformar el proceso institucional que peor percepción tiene entre la ciudadanía. El gran riesgo es que la implementación se entienda sólo como un compromiso político que basta con palomear sea como sea. Las instituciones no se transforman por decreto. Esto propiciaría una peligrosa simulación, la cual, bajo nuevos nombres e instalaciones, continúe escondiendo las prácticas tradicionales que tienen al estado de derecho en México en su deplorable condición actual.
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