Derivado de la revisión del informe de la Cuenta Pública 2012, la senadora perredista, Dolores Padierna, denunció que el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, podría incurrir en conflicto de intereses al estar vinculado con empresas relacionadas con el sector energético. De hecho, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de este 28 de mayo, la legisladora impulsó un punto de acuerdo donde solicita al presidente Peña la separación inmediata del cargo del secretario Joaquín, así como a los servidores públicos “que pudieran encontrarse relacionados con operaciones similares a las de sus atribuciones, o en su defecto, informe las razones por las que se puede evitar el surgimiento del conflicto de interés”.
Se podría esgrimir que el titular de Energía no puede ser descalificado por hallarse en una situación de la cual no está obteniendo un beneficio dado su cargo actual, es decir, no se estaría ante un escenario de tráfico de influencias. No obstante, ello no elimina el potencial conflicto de intereses en el que incurre. Además, su motivación de acción es potencialmente corruptible por uno de los distintos intereses que representa. A pesar de no existir hasta ahora un abuso de facto del cargo que ocupa, sino tan sólo el riesgo de que lo utilice para obtener un beneficio personal, no hay conducta punible determinante de una eventual separación del puesto. En cualquier caso, aun existiendo conflicto de intereses, parece complicado que el presidente Peña entregue la cabeza de alguien que ha sido clave en el rompecabezas de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, no tanto con la oposición, sino con la misma bancada priista. Mucho menos si la petición viene del partido sistemáticamente crítico del proceso de apertura energética. Pero lo más importante no es el asunto de la denuncia sino el hecho de buscar medios de distracción para evitar que se apruebe la legislación secundaria o, más probablemente, sesgar su contenido hacia un mantenimiento del statu quo ante (o lo más cercano posible) en materia energética con el voto del PRD. O sea, mantener a PEMEX como el factótum de la industria.
Ahora bien, el potencial corruptor en el ámbito petrolero no es nuevo, ni ha sido exclusivo del actual partido en el poder. Debido a la magnitud de sus operaciones, el sector energético es “caldo de cultivo” de la apropiación de rentas económicas. Basta recordar dos casos muy recientes. El primero, el del finado Juan Camilo Mouriño, quien durante su desempeño como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados firmó contratos con PEMEX a favor de la empresa Ivancar, propiedad de su familia. El segundo es el relacionado con la empresa Oceanografía. Más allá de que la investigación del caso ha sido mantenida bajo la más oscura secrecía y de que se haya enterrado cualquier nexo de dicha empresa con ciertos miembros de la clase política mexicana, el foco rojo se encuentra en que algunas calificadoras crediticias habían advertido a PEMEX sobre la alta probabilidad de incumplimiento en el pago que tenía dicha empresa. A futuro, el foco rojo es aún más intenso si se toma en cuenta que, tras el escándalo de Oceanografía, la misma calificadora crediticia señaló que PEMEX todavía celebra contratos con otros actores en las mismas condiciones de riesgo que Oceanografía.
En virtud de su alto grado de especialización, el sector energético en México está dirigido por un grupo de individuos que han estado en ambos lados de la cerca, esto es, en empresas privadas contratistas de PEMEX, así como en distintas dependencias como las secretarías de Energía, Hacienda, Comunicaciones y Transportes, y en el mismo Petróleos Mexicanos. Los conflictos de interés pueden no espantar a inversionistas extranjeros que están acostumbrados a lidiar con este “tipo particular de tejido institucional” en otros países. Sin embargo, esto no significa que no se debe ser precavido, puesto que lo que está en juego no es la inyección de recursos en el sector, sino su eficiencia. Los conflictos de intereses podrían culminar en asignaciones contractuales subóptimas que generen mayores costos de producción y menores beneficios para nuestro país.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
