De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante el primer trimestre de 2013, el gobierno federal incurrió en un gasto que asciende a 854.3 mil millones de pesos (mdp). El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) había programado una erogación de 898.4 mil mdp, es decir, se habrían subejercido poco más de 44.1 mil mdp en ese periodo. Antes de que las autoridades hacendarias dieran estos datos, el mismo presidente Peña tuvo que salir al paso de varios estimados realizados en medios respecto a los altos montos de los subejercicios a lo largo de sus primeros meses de gestión. No han sido pocos los analistas y comentaristas que han insinuado algún tipo de conducta dolosa detrás de estos faltantes en el gasto público. No obstante, tanto el mandatario como los funcionarios hacendarios han sido contundentes en calificar de “normal” estos subejercicios como parte de los ajustes propios de un cambio de administración federal (en el primer año del sexenio anterior se subejercieron cerca de 120 mil mdp). ¿Cuál es la realidad?
Las hipótesis abundan sobre por qué el gobierno ha “cerrado la llave” del gasto en estos meses. Sin embargo, no se debe perder de vista que hay obstáculos para el ejercicio del gasto público cuyo origen no corresponde a una decisión premeditada de la SHCP. En el sector construcción, por ejemplo, los gobiernos estatales y municipales suelen subejercer por negligencia –las autoridades locales no presentan en tiempo los proyectos ejecutivos de obras públicas para liberar recursos aprobados en el PEF—, o por inviabilidad de los proyectos –la SHCP no ratifica su visto bueno al proyecto ejecutivo por factores como no haber cumplido ciertos requisitos legales, por ejemplo, la resolución oportuna de los permisos de expropiación de las tierras donde se realizarían las obras propuestas. También es cierto, en toda la historia priista, que toma tiempo entre que un nuevo gobierno toma control de los instrumentos de gasto y desarrolla nuevas prioridades y capacidad para ejercerlo. Por lo pronto, el presidente Peña pidió tranquilidad respecto a los subejercicios y manifestó que un mayor gasto público se vería reflejado en el segundo semestre de este año.
Ahora bien, aún con las justificaciones, los subejercicios del gasto público representan un alto costo de oportunidad para la sociedad mexicana. Por ejemplo, de 2009 a 2011, en lo concerniente al Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), las 32 entidades federativas en su conjunto incurrieron en un subejercicio de casi 7.5 mil millones de pesos, lo cual representó 36% del total del fondo (o sea, 1 de cada 3 pesos de los FASP no se gastaron). De hecho, no es casualidad que aquellos estados con mayores subejercicios, también fueron los que presentaron los niveles más elevados de incidencia delictiva. Entonces surge inevitable la pregunta acerca de cuáles son las consecuencias para los responsables de estos costosos subejercicios. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, estipulan el destino de los recursos no ejercidos y las sanciones a los servidores públicos que hagan un manejo indebido de los fondos y recursos federales. Pero a pesar de que hay transparencia en los reportes de los subejercicios, la opacidad en cuanto a su destino final y las causas que los generan persisten. No hay tampoco claridad para determinar las sanciones a aquellos servidores públicos responsables de los subejercicios, ni mecanismos que los disuadan de incurrir en ellos.
Los subejercicios de gasto público no pueden ser criticados per se, pero sí el opaco marco normativo en el que éstos se generan en México; el inexistente reconocimiento de su costo de oportunidad; la falta de mecanismos institucionales para la rendición de cuentas; y la nula ejecución de sanciones por usos indebidos de los recursos públicos. Así, el verdadero problema no son los subejercicios en el gasto, sino los “subejercicios” en la rendición de cuentas. El subejercicio es un excelente ejemplo de los males de un sistema en que todo el gobierno –en sus primeros tres niveles al menos- cambia de la noche a la mañana, desapareciendo tanto la memoria administrativa como la experiencia en la conducción de los asuntos públicos.
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