El Mando Único de Policía es una idea teóricamente sólida en principio que, sin embargo, tiene dos problemas principales: busca resolver un problema que quizá ya no exista para cuando se ponga en práctica y, más importante aún, no está lo suficientemente desarrollada como para evaluarla, porque no hay un ejemplo exitoso de la aplicación del modelo en México y la propuesta no detalla cómo se podrían alcanzar los grandes objetivos que se traza.
El primer problema resulta inquietante. La iniciativa concibe una policía que pueda hacer frente a la amenaza actual del crimen organizado, pero su aplicación tardará cuando menos cinco años. A menos que se suponga que la situación de emergencia actual continuará durante la próxima década es difícil argumentar la necesidad de una transformación estructural del modelo como plantea la iniciativa de reforma constitucional aprobada por el Ejecutivo. Este horizonte temporal hace también difícil entender la oposición de los presidentes municipales: para cuando la iniciativa se apruebe y se aplique, ninguno de los presidentes municipales actuales estará en el puesto, de hecho, es probable que más de alguno se haya convertido ya en Gobernador o legislador. Ciertamente la iniciativa beneficia a los gobernadores futuros en detrimento de los ediles, pero resulta una torpeza posponer una transformación estructural por las consideraciones de corto plazo de funcionarios actuales.
El segundo problema es más importante. Nadie puede poner en duda que la incapacidad y corrupción de las policías municipales ha sido un obstáculo para consolidar niveles aceptables de seguridad pública en el país. La idea de una policía de proximidad, cercana a la población, nunca ocurrió en México. En cambio, la policía municipal se convirtió en un instrumento de control político y extorsión que eventualmente llegó, en muchos municipios, a funcionar de manera prácticamente autónoma. En este contexto, la desaparición de las policías municipales abriría la oportunidad de abatir la intimidación y la corrupción de autoridades municipales a manos del crimen organizado. El problema, sin embargo, es que no hay un modelo eficiente en México que sirva de ejemplo para lo que se pretenda hacer. Esto es, la Policía Federal aún no está a la altura de las expectativas que se crearon, debilitada como está por escándalos de corrupción, extorsión y abuso de fuerza. Aunque los controles de confianza, el informe policial homologado y la homologación de jerarquías y sueldos son principios loables, la práctica en México dista mucho de ser un modelo a seguir y la iniciativa es notablemente parca en qué lecciones se han aprendido y cómo se planea corregir los errores del modelo. A los gobernadores actuales les gusta la idea del Mando Único, igual que al Ejecutivo Federal, pero el hecho es que aún no han ofrecido una ruta que permita suponer que sus sucesores tendrán mejores herramientas que ahora.
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