La muerte de Marisela Escobedo en diciembre pasado exige una respuesta gubernamental inmediata. Sin embargo, hacerle justicia de la forma equivocada puede llevar a muchas injusticias más. Hace poco más de una semana, el Congreso del Estado de Chihuahua admitió la solicitud de juicio político en contra de los tres jueces que llevaron el caso del asesinato de Rubí Marisol, hija de Marisela Escobedo, en 2008. El sustento de la solicitud fue que, en abril de 2010, tres jueces de primera instancia dejaron en libertad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, presunto responsable del homicidio de Rubí Marisol, porque el Ministerio Público no aportó pruebas suficientes para sustentar su culpabilidad. Sin embargo, Sergio Rafael Barraza había confesado su culpabilidad.
¿Por qué una confesión no es suficiente? Porque la tortura en México es un medio muy efectivo para lograr que una persona detenida confiese delitos que no cometió. Especialistas sugieren que 4 de cada 10 personas detenidas es golpeada o lastimada antes de ser presentada al Ministerio Público por policías judiciales. Más del 70% de las personas que son detenidas no son informadas de su derecho a no declarar y más del 50% de las personas detenidas no cuentan con un abogado al rendir su declaración. La Suprema Corte, en 2009, ordenó la liberación de 20 personas que habían sido acusadas por la matanza en Acteal pues sus sentencias se basaron en pruebas obtenidas de manera ilegal y en testimonios fabricados. En ese escenario, ¿es injusto que los jueces requieran otras pruebas circunstanciales para confirmar la culpabilidad de un acusado?
Este cúmulo de injusticias, sin duda, revelan un sistema de procuración de justicia ineficiente e incapaz de responder a las exigencias de una sociedad inmersa en violencia e impunidad. Sin embargo, el problema no está en que los jueces absuelvan presuntos responsables, sino en que el Ministerio Público parece ser incapaz de presentar acusaciones sólidas, de hacer un trabajo de investigación serio, o por lo menos, de preservar la evidencia en una escena de crimen. Al final, lo que no se puede olvidar –ni a los medios, ni al Congreso de Chihuahua o su Gobernador– es que ser acusado y ser culpable son cosas distintas, que existe una garantía constitucional, un derecho fundamental, a que toda resolución jurisdiccional sea resultado de un debido proceso.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
