Esta semana el Think tank “Global Financial Integrity” (GFI) publicó un estudio sobre los flujos financieros ilícitos en México. El informe concluye que la fuga ilegal de capital procedente de México en los últimos cuarenta años representa 872,000 millones de dólares. Una suma por demás alarmante cuando se entiende que mucho de estos flujos ilícitos son el producto de corrupción, sobornos o comisiones, actividades criminales y esfuerzos por evadir a las autoridades fiscales nacionales, aunque una porción también es consecuencia de incertidumbre, expropiaciones y otros actos arbitrarios de autoridad. Coincidentemente, esta semana también, dos funcionarios del estado de Veracruz fueron detenidos en el aeropuerto de Toluca por transportar 25 millones de pesos en efectivo. A pesar de que los dos funcionarios ya se encuentran en libertad, aún no se ha logrado confirmar la procedencia o destino de los recursos. Con un estudio y dos maletas incautadas como evidencia, la conclusión de esta semana es que en México no existen los mecanismos institucionales mínimos para garantizar la fiscalización de los recursos públicos ni privados. Otra hipótesis es que algunas leyes, comenzando por las electorales en estos tiempos, hacen más por ocultar que por transparentar.
Resulta sorprendente que después de cinco años y medio de lucha frontal contra el crimen organizado no se registren datos sobre una disminución de flujos financieros ilícitos. En cambio, en los últimos diez años, los flujos medios anuales de salida de capital ilícito ascendieron a 49,600 millones de dólares. Es decir, en estos últimos diez años se concentra casi la mitad de la fuga ilícita de capital de las últimas cuatro décadas. Ante la evidente ausencia de una política criminal que procure la colaboración de autoridades fiscales y penales, lo que se observa son acciones accidentadas que fácilmente pueden interpretarse como una reacción electoral por casos como el de Veracruz o Tamaulipas. Incluso si esa fuese la motivación -reprobable en un régimen democrático como el que intenta ser el mexicano- más grave resulta que las autoridades sólo presentan detenidos, pero muy pocas veces logran probar su culpabilidad.
Las implicaciones de este escándalo financiero trascienden a las víctimas de la corrupción y el crimen organizado. Tal como analiza el GFI, la presencia de índices tan altos de transferencias ilícitas implica un ciclo vicioso para la economía mexicana. Un país con una economía sumergida es la mejor locación para lavar dinero y, al mismo tiempo, el comercio ilegal es uno de los grandes factores que condenan al estancamiento y declive económico. Para romper esa dinámica se requiere, en principio, una mayor transparencia de las actividades financieras nacionales, internacionales, públicas y privadas. Quizá también requiera leyes y prácticas que reconozcan la naturaleza humana (como muestran los temas electorales) en lugar de intentar suprimirla. Sin embargo, ese objetivo, a su vez, exige una sinergia de voluntades políticas que aún no se observa en México. Si las autoridades no logran legitimar sus acciones con resultados concretos, los costos en el futuro, en términos de credibilidad y confianza en las instituciones, serán altísimos.
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