Si todo sale como debiera, pronto leeríamos titulares como el que da nombre a este artículo. El primer paso es que la Comisión Federal de Competencia (CFC) tenga los dientes que le hacen falta, es decir, la facultad de cobrar multas con base en utilidades e, inclusive, pedir sanciones penales para los ejecutivos responsables de organizar cárteles económicos. Sin embargo, para que el título se vuelva realidad, además de imponer multas y sanciones, hace falta fortalecer las capacidades de investigación de la CFC, así como concretar la reglamentación de las acciones colectivas –recientemente aprobadas por el Congreso.
Desde luego las multas y sanciones son importantes –y son las que se llevan los reflectores– ya que si la multa es lo suficientemente alta implicaría una amenaza creíble por dos razones: 1) las empresas incurrirían menos en prácticas monopólicas, y/o 2) en caso de que así lo hicieran y fueran denunciadas, tendrían más incentivos para cambiar su modelo de negocios sin llegar a un juicio, e inclusive para colaborar con la investigación bajo el programa de inmunidad. Esto hace más efectivo el régimen de competencia y promueve una mayor cultura pro consumidor y antimonopolios.
Sin embargo, un enfoque concentrado únicamente en las sanciones dejaría trunca la oportunidad de mejorar el ambiente de competencia. De nada serviría poder imponer multas altas sin dar a la CFC mayores capacidades y obligaciones de investigación. En un documento reciente elaborado para la Red Mexicana de Competencia y Regulación, Víctor Frías sugiere por ejemplo, que se regulen adecuadamente las “Visitas de verificación” a través de las cuales se podría investigar las instalaciones de una empresa que se sospecha incurre en prácticas monopólicas sin previo aviso. Propone también que se incluyan medidas cautelares en casos de competencia, para que una resolución en contra de una empresa implique que la misma deje de incurrir en la práctica sancionada.
Además, para que el régimen de competencia sea realmente efectivo y logre su cometido principal (mejores productos, mejores precios y mejor calidad) es importante que al consumidor le sea resarcido el daño causado por las prácticas monopólicas. Para esto resulta fundamental regular las acciones colectivas de manera tal que las asociaciones y organizaciones civiles, así como particulares, puedan llevar casos directamente a una corte civil en representación de un grupo de consumidores afectados. Y así, los consumidores se transformarían también en una amenaza creíble contra las prácticas monopólicas.
La reforma en materia de multas y sanciones es crucial para mejorar el régimen de competencia en México. Pero el fin al paraíso de los monopolios será posible únicamente con instituciones y consumidores fuertes. La reforma deseable tendría que incluir mayores facultades de investigación y de sanción, pero también mayores recursos que impulsen una mayor autonomía del organismo. Finalmente, este proceso reformador debe ir ligado a un proceso de concientización de los distintos sectores de la sociedad acerca de los beneficios que trae la competencia.
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