Pese a la estrategia del gobierno federal y el presidente Peña de abandonar el discurso de la lucha contra la violencia y el crimen organizado, la percepción de inseguridad creció 5.7% de 2012 a 2013, lo que representa 7.6 millones de personas más que se sienten inseguras en su estado según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública 2013 (ENVIPE) del INEGI. De hecho, fueron justo estados considerados relativamente estables los que presentaron los mayores incrementos en la percepción de inseguridad de 2011 a 2012: Yucatán, el estado que vitoreaba bajos niveles de victimización, mostró un incremento drástico del 67.8%; Querétaro, estado en potencial punto de quiebre con altas tasas de crecimiento, pero bajos niveles de incidencia delictiva, un crecimiento del 39.9%; Chiapas, con importantes incrementes en robos violentos, un aumento del 34.6%. En suma, México es percibido como un país más inseguro que hace un año y sigue siendo la inseguridad el principal problema que atañe a la ciudadanía. Por lo tanto, ¿estos resultados obligarán al gobierno federal y los gobiernos estatales a cambiar el fondo de la estrategia de seguridad, si es que existe alguna?
Aunque suene paradójico, en términos políticos no todos los resultados de la ENVIPE 2013 fueron negativos para la administración federal en turno, particularmente el incremento sustancial de la victimización. Ésta pasó de 24,317 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2011 a 27,337 en 2012, un incremento del 12.4%. Según el Plan Nacional de Desarrollo, la tasa de victimización será el indicador objetivo durante la administración para evaluar la eficiencia y eficacia del gobierno en el eje denominado “México en Paz”. Por lo tanto, pese a ser la mayor tasa de los últimos cuatro años, establece un tope alto que será mucho más fácil de combatir y, por ende, más sencillo de ser contrastado respecto a lo hecho por el gobierno de Felipe Calderón. Además de este indicador, se observa un incremento de la tasa de la mayoría de delitos de alto impacto, un aumento del sentimiento de inseguridad en el trabajo y el hogar, el señalamiento puntual de consumo de droga en 40.1% en los alrededores de la viviendas –que se diferencia sustancialmente de la cifra de 2.2% de consumo nacional de mariguana, 0.9% de cocaína u otros según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011-, y el conocimiento de la venta de droga en el 23.4% de los hogares. El triste contexto del 2012 podría disminuir el incentivo del Gobierno de Peña Nieto por una política de seguridad pública con cambios estructurales.
Cabe señalar que no todo lo expuesto por la ENVIPE 2013 está exento de error. Puntualmente, el cálculo de la victimización de desapariciones forzadas tiene una fuerte falta en su definición. Las desapariciones forzadas incluyen aquellas desapariciones por algún grupo delictivo, aun cuando la definición de órganos internacionales lo entiende como la desaparición realizada por alguna autoridad. Si bien INEGI especifica que su concepto de desaparición es general, al momento de ser tomado como dato oficial para indicadores internacionales, será contabilizado como tal. Sobre los 105,682 secuestros en 2012 contrastados con las 1,317 denuncias de secuestro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SETEC), implica que en México tenemos una cifra negra del 98.8%, dato que suponíamos con anterioridad, pero que ahora demuestra la existencia de una impunidad de este delito mayor al 99%. Esta impunidad da pie a que sea racional –y rentable- para un criminal secuestrar inclusive por montos de rescate de $5 mil pesos.
Así, el INEGI en el tema de seguridad tomó una posición de contrapeso respecto a los gobiernos estatales y el federal. No obstante, cabe señalar que su autonomía no está plenamente asegurada, pues tanto el presidente del Instituto como los miembros de la Junta de Gobierno (véase artículo 67 de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía) son designados por el presidente y aprobados por el Senado. Los miembros de la junta pueden ser reelegidos y cuando suceda el riesgo de politizar el órgano será, de hecho, real.
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