Cuando se dio a conocer que el comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo, sostuvo una reunión con autodefensas en la que estuvo presente El Abuelo -presunto cabecilla del cártel de Los Valencia- se desencadenaron una variedad de reacciones, críticas y opiniones que partieron desde ámbitos morales como racionales. En algunos casos, se condena tajantemente que un funcionario público pudiera entablar un diálogo con un individuo con la reputación que tiene El Abuelo, que ya cumplió su sentencia por delitos menores y a quien nunca le han podido comprobar penalmente los cargos por crimen organizado. Por otra parte, hay quien asume que, en un caso como el de Michoacán, el cual no deja de ser excepcional por evitar calificarlo de excepción, esta reunión podría tener objetivos legítimos además de ser completamente legal. Esta ambigüedad y diversidad en las opiniones tienen sus orígenes en los temas que quedan aún pendientes de resolver y sin los que es imposible entender y evaluar objetivamente lo que sucede en Michoacán.
Primero, no se ha agotado el debate sobre el trato que debieran recibir los miembros de las autodefensas. Para algunos, son delincuentes comunes que deben ser perseguidos y procesados con los medios de justica ordinarios sin ninguna contemplación especial. Para otros, se justifica una especie de amnistía sí reconocen a la autoridad gubernamental como legítima y abandonan las actividades de protección que desempeñaban en defensa propia. Sin embargo, para fijar una postura, es indispensable entender cuántas son, además de sus orígenes, operación y objetivos a largo plazo. Hasta el momento, predomina una visión hegemónica de los grupos de autodefensas en la cual se les caracteriza como organizaciones surgidas ante la necesidad de protegerse de la violencia y extorsión de grupos del crimen organizado vinculados al narcotráfico, pero sigue siendo una incógnita su vinculación a células criminales y sus motivaciones políticas. Su carácter político no es poca cosa, al igual que las aspiraciones que puedan tener algunos grupos de autodefensa en la materia. Que por ahora no se reconozca algún origen político en las autodefensas, no implica que no vayan a buscar incidir a través de la penetración de las estructuras municipales y legislativas locales o comprometiendo el desarrollo de los comicios. El asunto no es meramente conceptual: de cómo se resuelva depende que el estado retorne a una paz más o menos permanente o que todo este ejercicio acabe siendo una mera simulación.
Segundo, a la par del entendimiento del fenómeno es necesario conocer si existe una estrategia definida para enfrentarlo. El gobierno federal parece priorizar una política flexible a través de la figura del comisionado y, quizás por motivos de seguridad o de no evidenciar sus limitaciones, se ha negado a presentar una estrategia perfectamente definida para el proceso de pacificación y el periodo posterior. A nivel internacional existen ya experiencias de desarme, desmovilización y reinserción de grupos de autodefensas de las que se pueden extraer importantes lecciones. La experiencia colombiana ha mostrado que para un proceso de pacificación que logre mantenerse de forma estable en el tiempo es necesario contribuir a mejorar la seguridad física y material de las poblaciones afectadas; crear condiciones institucionales para dirimir los conflictos de forma pacífica; definir con claridad a los actores involucrados en el conflicto y las reglas bajo las que serán tratados; establecer y operar con claridad una política de desarme que garantice que el armamento recabado no corre riesgo de terminar en otra célula criminal; invertir recursos de forma coordinada con autoridades locales para que la reconstrucción postconflicto logre efectivamente reinsertar a la población en actividades legales y productivas; y acompañar estos procesos con la participación de actores internacionales o nacionales que se desempeñen como observadores.
Si bien el caso colombiano es muy diferente al de México, comenzando porque en Colombia muchos de estos procesos surgieron a partir de una declaración voluntaria de desarme de las autodefensas como resultado de un acuerdo previo, no se deben tirar en saco roto las lecciones aprendidas. Una de las más importantes es quizás establecer las reglas y comunicar adecuadamente, tanto a los actores con los que negocia como con la sociedad en general, las acciones que se emprendan. De la claridad en el mensaje depende el análisis que realice la ciudadanía de las acciones particulares, así como las expectativas de los involucrados en el proceso. La información es vital para lograr la permanencia y estabilidad de la pacificación, pues el equilibrio sobre el que se sostienen los acuerdos es muy frágil cuando un grupo que ya ha tomado las armas se siente defraudado con la contraparte y con los resultados de la colaboración.
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