En las últimas semanas, en diversos puntos de Michoacán se han registrado enfrentamientos entre guardias comunitarias y presuntos miembros de grupos delictivos. En paralelo, se han dado violentas movilizaciones magisteriales y estudiantiles, como la toma de las instalaciones de la Secretaría de Educación por la Sección XVIII del SNTE y el bloqueo de carreteras, secuestro y saqueo de vehículos privados por parte de alumnos normalistas. Si bien la atención mediática ha estado en fechas recientes en Guerrero y Oaxaca, Michoacán no ha dejado de ser un gran foco rojo contra la gobernabilidad y el Estado de derecho.
De acuerdo con el índice delictivo de CIDAC de los últimos dos años, Michoacán es uno de los estados en dónde no ha disminuido el número de los delitos más graves (secuestro, extorsión y homicidio). Por si fueran pocos los peligros inherentes al crimen organizado, éstos se ven potenciados en Michoacán por otros factores como inestabilidad política, abusos en el sistema de usos y costumbres, creencias religiosas, y la “epidemia” de las policías comunitarias. Sobre este último elemento, cuyo caso más representativo es el de Cherán –donde los habitantes tratan de combatir a los llamados “talamontes”—, en fechas recientes otros municipios han replicado el modelo para defenderse de los grupos del narco –aunque los narcos acusan que dichas policías no surgen de forma espontánea. Esto sin olvidarnos de otra joya de los usos y costumbres encarnado en la Nueva Jerusalén. A todo lo anterior, cabe sumar la ausencia del gobernador Vallejo, quien tardó semanas en pedir licencia antes de ser sustituido por el actual interino, Jesús Reyna. En cualquier caso, Reyna encara un panorama nada halagüeño.
Un factor común entre los tres estados que han focalizado la atención pública en las últimas semanas, es la ausencia de un gobierno local capaz de mantener la gobernabilidad. El riesgo consiste en que esto se replique en otras entidades y traiga de nuevo al debate el argumento del “Estado fallido” que acabó siendo tan pernicioso en los años pasados. Esto ya de por sí debe ser motivo de preocupación suficiente para el gobierno federal. Sin ser alarmistas, es necesario señalar la posibilidad de que los conflictos salgan por completo de control y ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno salga al paso de ellos. Es cierto que muchos de los problemas descritos serían responsabilidad de la administración michoacana, pero otros requieren la atención inmediata de las autoridades federales, mismas que siguen sin tener una estrategia funcional.
En 2006, a días de haber asumido el poder, el entonces presidente Calderón inició el Operativo Conjunto Michoacán, el cual implicó el envío de más de 5 mil efectivos para combatir el crimen organizado. Los resultados de dicha estrategia fueron pírricos. Con la llegada de Peña Nieto a Los Pinos se observan algunos cambios tales como un repliegue de la Policía Federal y una participación mayor del Ejército, pero ello no necesariamente indica una modificación en los planes estratégicos diseñados desde la administración federal anterior. Más bien, y este debería ser tema de preocupación, revelan una ausencia de estrategia en el nuevo gobierno. La falta de una estrategia clara amenaza de forma simultánea la gobernabilidad del estado y permite afirmar que estamos frente a lo que podría derivar en una de las mayores crisis del gobierno actual. ¿Serán Michoacán, Guerrero y Oaxaca (más los que se acumulen), el talón de Aquiles en la retórica de la administración Peña sobre un México en paz y con paso vertiginoso hacia la prosperidad?
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