El tema de la competencia y los monopolios ha adquirido una inusitada atención. En un país que por décadas ha privilegiado el control sobre la competencia en todos los ámbitos de la vida pública, el mero hecho de discutir el tema es noticia. El debate es necesario porque el país vive estrangulado por intereses decididos a que nada cambie y, a diferencia de lo expresado por Lampedusa en El Gatopardo, ni siquiera ven la necesidad de disfrazarse.
Se usa la palabra monopolio para expresar fuerza, poder, pero no porque necesariamente se monopolice algo; es decir, en el debate se ha dado por identificar monopolio con la capacidad de inhibir la competencia. Los monopolios son perniciosos porque hacen imposible el desarrollo equilibrado de una sociedad. En lugar de permitir que cualquier ciudadano, por el hecho de serlo, tenga la posibilidad de desarrollar su potencial al máximo, los monopolios controlan accesos al poder, a la riqueza y al trabajo, paralizando al conjunto de la población. Con una definición tan amplia, México sufre de monopolios o equivalentes en todos los ámbitos de la vida pública. Pero no todos los llamados monopolios son perniciosos; algunos tienen un enorme impacto negativo, otros no; aún más importante, no todos son iguales ni pueden enfrentarse de la misma manera.
Si uno revisa las definiciones de diccionario y las extiende de la economía al conjunto de la sociedad, podrá reconocer las distintas maneras de ejercer un poder excesivo: por controlar una actividad, sector o acceso; por gozar de ventajas naturales o creadas excepcionales; por ser el único comprador o proveedor de un servicio; o por hacer efectivo lo que los economistas llaman “poder de mercado”, es decir, imponen condiciones a quienes aspiran a participar en una actividad determinada. Independientemente de la definición que uno prefiera, lo relevante es que un monopolio o práctica monopólica impide o inhibe la competencia, lo que cancela opciones para el desarrollo de los ciudadanos y consumidores.
La presencia de una práctica monopólica se puede manifestar de distintas formas. En el ámbito económico se expresa por medio de precios altos, mala calidad, pésimo servicio o abuso por parte de proveedores. En el plano laboral se manifiesta en el control sobre la contratación que ejercen los sindicatos a través de la “titularidad de un contrato colectivo”, instrumento que impide el acceso a cualquier ciudadano a un determinado puesto de trabajo si no es con la venia del sindicato en cuestión, así como por la llamada “cláusula de exclusión”, que permite eliminar a enemigos políticos o personales del liderazgo sindical. Esta situación establece costos artificiales (es decir, no de mercado) para la mano de obra, mismos que se ven reflejados en los precios finales.
En el ámbito político, la práctica monopólica estrecha nuestras opciones como ciudadanos y nos obliga a votar por el candidato menos malo, ya que la barrera de acceso impide que los mejores participen. Lo mismo se aprecia en la forma del llamado “mayoriteo” que puede ejercer un partido en el poder legislativo.
Pueden existir situaciones potencialmente propicias para las prácticas monopólicas por toda clase de razones y circunstancias. En algunos casos son legales, como ocurre con la ley electoral vigente, que le otorga un virtual monopolio del poder a los tres partidos políticos mayoritarios, o con el control que la constitución le otorga al gobierno en materia energética. En otros casos, se puede tratar de errores estratégicos: por ejemplo, la forma de privatizar una empresa, como ocurrió con Telmex. También puede ocurrir por corrupción o, en forma eufemística, por conveniencia coyuntural, como cuando existen facultades para eliminar una situación de monopolio o duopolio pero el gobierno prefiere no actuar; tal es el caso de la televisión. Finalmente, puede darse como resultado del éxito empresarial, sobre todo dado el tamaño relativamente pequeño de la economía mexicana, donde una empresa muy exitosa termina adquiriendo enorme presencia: ahí están Walmart y Telcel como ejemplos obvios.
Si uno analiza la ley de competencia, encuentra una distinción que permite diferenciar entre empresas o, ampliándolo al conjunto de la sociedad, entidades o instituciones que llevan a cabo prácticas monopólicas absolutas (es decir, que establecen alianzas para imponer sus condiciones), de aquellas que sólo incurren en una situación de esta naturaleza cuando hacen valer su poder de mercado (lo que la ley llama práctica relativa). Lo importante es reconocer que la naturaleza y el origen del poder excesivo determina en buena medida las opciones que existen para corregir la situación: no es lo mismo un monopolio que surge de la ley que otro producto de una circunstancia particular de mercado, ni se puede tratar de manera similar a una empresa cuyo poder se deriva de una concesión gubernamental de aquella que es producto del éxito empresarial.
Lo crítico en la evaluación de una situación monopólica es el mercado relevante. Si una empresa o entidad es grande o chica, no importa en sí. Lo fundamental es cómo incide en el mercado en que opera. Mientras la mayoría de los sindicatos goza de cláusulas de exclusión, hay otros que son virtuales dueños de su sector (como los maestros, petroleros o electricistas). Hay empresas grandes cuyo tamaño responde más a una lógica de consolidación a escala mundial, lo cual no tendría porqué incidir sobre la competencia: lo importante son las regulaciones que norman el mercado para garantizar la competencia.
Detrás de la estructura económica que permite la existencia de monopolios yace un sistema de gobierno que ha privilegiado el control y los beneficios de corto plazo sobre el desarrollo económico. Ello se debió, en parte, a la búsqueda o afán por mantener el poder y en parte por evitar conflictos de cualquier naturaleza; la suma de ambos criterios generó nuestro presente.
Muy pocos de nuestros gobiernos del pasado meditaron sobre la importancia de la competencia. Más preocupados por lo contingente, hicieron posible que otros actores con mayor visión hicieran de las suyas. En México no ha habido gobiernos preocupados por el futuro porque todos se ahogan en la coyuntura o en los intereses particulares de políticos y partidos, circunstancia que permite a los factores de poder explotarla en su beneficio.
Quizá la lección más importante que arroja nuestro pasado es que el mejor control al abuso no es la regulación ni la propiedad gubernamental, sino la competencia, en todos los ámbitos. Pero es más fácil denunciar el abuso que resolverlo. De ello hablaré en otra oportunidad.
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