Aunque la guerra por la reforma educativa se pelea en todo el país, el primer gran campo de batalla es Morelos. Ahí, después de casi dos meses de huelga de los maestros se están concentrando los ejércitos de los dos bandos. Por un lado, los maestros disidentes del SNTE cuentan con la ayuda de numerosos contingentes de activistas políticos, varios de ellos llegados desde Oaxaca, veteranos de las luchas de la APPO y –hasta en algunos casos- de los elementos vinculados con el eperrismo. La simpatía del lopezobradorismo con la disidencia magisterial es considerable, como lo serán los apoyos financieros y humanos de los grupos y sindicatos más radicales del centro del país. Por el lado de las autoridades, en Morelos parecen dispuestos a colaborar varios grupos diferentes del panismo (desde el del Presidente, hasta el del Gobernador, pasando por el de la titular de la SEP). El apoyo del SNTE y la Maestra serán la otra pinza de la acción gubernamental. Las autoridades apuestan a que el apoyo social local de padres de familia e intelectuales, combinado con clases a distancia, la cooptación de maestros y el retiro de los salarios a los huelguistas, serán suficientes para debilitarlos y aislarlos. Quizá no baste –porque habrá quienes pierdan mucho dinero con esta reforma–, pero la disposición del gobierno a dar esta batalla por la evaluación de los maestros y contra la herencia de plazas manda una señal importante sobre su compromiso con la calidad educativa. Una señal acorde con los sentimientos de la Nación (ver sección Encuestas).
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