Al lado de los indisputables decomisos históricos y detenciones de capos de la alta jerarquía, sigue penalizándose más que proporcionalmente al último eslabón de la cadena: el consumidor de drogas (93% de los delitos contra la salud en el país, siguen siendo en la modalidad de posesión, no de tráfico o producción). Sin embargo, al lado de la militarización e inversión en armas y operativos, no se percibe el mismo impulso al combate de las adicciones, al desarrollo de centros de desintoxicación, así como a la atención integral a la economía, el empleo, infraestructura y las alternativas de educación y capacitación en las regiones del país en las que la economía y la política han sido narcotizadas, arrebatándolas a la soberanía del Estado mexicano. Mientras no se disminuya la demanda de estupefacientes, se podrían estar ganando batallas de una guerra perdida.
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