Cuenta una anécdota que el estratega político Lee Atwater alguna le vez dijo a Dan Quayle, a la sazón vicepresidente de George H.W. Bush, “eres el mejor conejo que jamás tuvimos. Dejamos que te persiguieran todos para que se alejaran de la discusión de las cosas importantes”. Desde que leí esa anécdota me quedé pensando si no será lo mismo con la criminalidad que estamos viviendo. ¿Será posible que la violencia nos está distrayendo de lo esencial, de los factores que hacen posible una convivencia pacífica en cada comunidad?
Varios han sido los estudios y argumentos que en los últimos meses han comenzado a avanzar nuestra comprensión del fenómeno. Más allá de los planteamientos específicos, lo que me parece importante es que el debate sobre la violencia, sobre todo el que ha tenido lugar en Nexos y otros foros similares, realmente ha ido avanzando el conocimiento. Lo que sigue son mis propios aprendizajes.
Ante todo, me parece que sigue habiendo una enorme incomprensión de las causas profundas del relativamente súbito crecimiento de la criminalidad, sin lo cual es imposible revertir la situación actual. No tengo duda que fue la confluencia de dos factores, más o menos simultáneos pero independientes, lo que produjo el fenómeno. Uno fue la descentralización del poder que comenzó a darse a partir de mediados de los noventa: quizá el año clave sea 1994 cuando, en el ápice del poder priista, se soltó la primera racha de secuestros y asesinatos. No hubo suficiente poder en la presidencia que pudiera pararlo o evitarlo. De ese momento a la derrota del PRI en 2000, el poder migró hacia estados y municipios sin que éstos tuvieran la más mínima comprensión de sus implicaciones. De un sistema controlado desde arriba –pero no institucionalizado- pasamos a un descontrol generalizado. Los estados y municipios se regocijaron en la borrachera de dinero y libertad de que comenzaron a gozar pero no lo invirtieron en seguridad pública, capacidad de investigación o un sistema efectivo de procuración de justicia.
Mientras esa fiesta tenía lugar, el narco, y otros grupos criminales, comenzaban a crecer de manera acelerada. Ese crecimiento se debió a circunstancias que parecen claras: una demanda ascendiente por bienes pirata y robados; el desarrollo del mercado de consumo de drogas en el país (pequeño pero creciendo a tasas exponenciales); la baja en la rentabilidad del narcotráfico en EUA; y el impacto de septiembre 11 sobre la forma de introducir drogas al territorio estadounidense. Cada uno de estos elementos generó un rápido ascenso en la actividad criminal en el país. Es posible, pero dudoso, que de haber ocurrido esto en era duda del viejo sistema, fuertemente centralizado y controlado, éste hubiera logrado imponer reglas y proseguir con su historia de administración del crimen, como siempre había hecho. La verdad, todo sugiere que el nuevo fenómeno resultó ser infinitamente más complejo y poderoso, además de que tuvo lugar precisamente cuando el sistema político se fragmentaba. La combinación de estos dos factores no pudo ocurrir en un peor momento.
En términos analíticos es importante determinar si el ejército provocó más violencia o si hubo otros factores. Lo que no deja duda es que el factor crucial en el ascenso de la criminalidad y la violencia no fue el ejército sino la desaparición del gobierno local. Como convincentemente argumentan Ana Laura Magaloni y Antonio Azuela, fuerte o débil, el gobierno local lograba mantener un equilibrio que controlaba la criminalidad. No se trataba de un esquema de legalidad perfecto, pero cumplía al menos lo elemental. El embate del crimen organizado y los brutales trastornos en la estructura del poder político destruyeron esos equilibrios. La presencia del gobierno federal no hizo sino lidiar con las exequias. El problema ya estaba ahí.
Desde esta perspectiva, el actuar del gobierno federal puede estar “ganando” o “perdiendo” frente a las mafias criminales y su diagnóstico puede ser acertado o errado, pero mientras no se fortalezcan las instituciones de los gobiernos locales no habrá salida posible. Es decir, dada la debilidad policiaca y judicial en todo el país, sin una acción decidida por parte del gobierno federal hubiera sido inconcebible confrontar al crimen organizado; sin embargo, para crear una nueva plataforma de convivencia, paz social y control de la criminalidad no hay alternativa a un gobierno local fuerte, dotado de los instrumentos idóneos para confrontar al crimen en cada esquina Ninguno de los dos esfuerzos es suficiente, pero sin el segundo el éxito es imposible.
El problema es que en el país nunca, al menos desde la Revolución, ha habido un gobierno local fuerte. El viejo sistema no fue creado para que hubiera instancias efectivas de organización estatal y municipal, sino para el control de los grupos políticos y de la población en general. Ese sistema nunca desarrollo capacidad institucional que tuviera la menor posibilidad de actuar de manera independiente; de hecho, su especialidad era cortar cualquier cabeza que lo intentara. Visto en retrospectiva, ese es el corazón de la tragedia que hoy vivimos.
El país requiere respuestas y propuestas que atiendan el corazón del problema y no sus síntomas. Por eso tanto la solución preferida de muchos priistas (retornar a la centralización y el control) o la de los aliancistas (excluir al PRI y pretender que se puede gobernar sin estructura de gobierno y habilidad política) es simplemente absurda. Los políticos de ambos bandos se beneficiaron de la descentralización del poder pero ninguno asumió la responsabilidad de sus consecuencias.
Lo que ha funcionado en otros países, comenzando por Colombia, es la combinación de: gobierno local fuerte y debidamente pertrechado en términos institucionales; una estructura policiaca en que la población pueda confiar; un proyecto integral de desarrollo económico a nivel local que convierta al gobierno local en el corazón del florecimiento de la economía y del empleo no vinculado al crimen organizado; y un esfuerzo concertado entre los tres niveles de gobierno de renovación y lucha contra la corrupción. La evidencia derivada de ese país sugiere que sin un ataque frontal a la corrupción, la población simplemente no creerá que se dio avance alguno.
Con todos los asegunes que uno quiera ponerle, el actuar del gobierno federal y del ejército fue una respuesta necesaria ante el riesgo de colapso integral del gobierno. Pero ese esfuerzo no puede ser la razón de ser de un gobierno ni es suficiente. Lo que falta es lo que tiene que seguir y, no sobra decir, sería mejor comenzar desde ya.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
