Más allá del desacuerdo entre IFE y televisoras, la legislación abre otros frentes que pueden ser motivo de conflicto: la limitación a la libertad de expresión de ciudadanos, organizaciones civiles y personas morales para difundir mensajes político-electorales; la prohibición de las campañas negativas que en algunos momentos proveen datos para un voto más informado; el intento de controlar y regular campañas a través de medios virtuales; y, el empleo de candidatos de espacios o medios no convencionales para hacerse publicidad (programas de entretenimiento, actos públicos, etc). Es labor del IFE asumir la responsabilidad que le toca en estos temas así como en la instrumentación y administración de regulaciones y sanciones contenidas en la reforma. Sin embargo, la tarea se antoja monumental dadas las resistencias que se generarán entre múltiples actores.
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