En 2004, Nuevo León comenzó la transformación de sus instituciones de justicia. El objetivo fue transitar de un sistema de corte inquisitivo hacia uno acusatorio-adversarial. Bajo este nuevo enfoque, el proceso penal dejará de ser una incógnita para los ciudadanos. Cada fase del procedimiento será más transparente, expedita y respetuosa de los derechos de todos los involucrados. Desafortunadamente, el proceso de reajuste en Nuevo León ha sido accidentado, plagado de resistencias y, además, ha coincidido con una ola de violencia que ha llevado a ciudadanos a cuestionar la pertinencia de esta transformación. Sin embargo, existen buenas razones para dejar el viejo modelo de justicia atrás y tomar las acciones necesarias para enderezar el proceso de implementación de un nuevo sistema de justicia que, en el mediano plazo, promete a los neoleoneses – y a los mexicanos- la calidad de justicia que debe prevalecer en un Estado democrático.
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