La irrupción de un operativo en un templo católico en Michoacán para detener a miembros del grupo delictivo “La Familia”, ha generado inconformidades que vale la pena reflexionar. La iglesia católica se ha concentrado en el reclamo por las formas, envía un mensaje de apoyo a su estructura interna y protege su envestidura del tema de fondo, el involucramiento del crimen organizado en la Institución. Pero haciendo a un lado este tema, la verdadera preocupación deberá estar en el desaseo procedimental de las autoridades. Si después del arraigo se ejerce acción penal, las autoridades deberán justificar si actuaron en cumplimiento de una orden judicial –pues no se estaba cometiendo un delito que justificara la irrupción de los policías. El operativo es muestra de dos rasgos de la lucha contra el crimen organizado en México: cada vez más amplias facultades a las autoridades (arraigo, declaraciones de inculpados sin asesoría legal y las actuaciones de los ministerios públicos sin control de los jueces); y el subsidio legal a las insuficiencias de las policías e investigadores y la tolerancia de los jueces ante acciones al margen de la ley. El riesgo de tolerar estas deficiencias –que ya se empieza a percibir en la opinión pública– está en que implica la aprobación de ceder en el respeto a los Derechos Humanos a cambio de la expectativa de recuperar la seguridad. Un falso dilema que no debiera invocarse.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
